Lo sucedido en la ex plaza Brasil de Iquique el pasado sábado no es un hecho aislado. La situación de los y las migrantes, adultos/as y niño/as acampando en ese espacio público se prolongaba desde inicios del año 2021. Autoridades locales y organizaciones hicieron varios llamados no escuchados por la autoridad central a abordar el problema antes que estallara el conflicto. A la vez, los y las migrantes en Chile, primero peruanos/as, después colombianos/as y haitianos/as, y ahora venezolanos/as han vivido cotidianamente, algunos/as más y otros/as menos, con las demostraciones de xenofobia y racismo en sus contextos laborales, transporte y espacios públicos. Situación que ha venido siendo visibilizada por investigaciones, columnas de opinión y redes sociales.
La migración venezolana tiene características inéditas en la región que la han ido configurado como un caso emblemático de desplazamiento masivo (se estima que seis millones de personas han salido de Venezuela) en condiciones de extremo riesgo y precariedad. De reciente circulación, un diagnóstico en salud de la población migrante venezolana irregularizada en Iquique, realizado por un equipo de la Universidad de Tarapacá (Liberona, Piñones, Corona, García) en colaboración con la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes de Tarapacá (AMPRO), pone énfasis en la situación de niños, niñas y adolescentes quienes están expuestos a violaciones, malos tratos y secuestros. Así como una situación constante de vulneración de derechos al “vivir día y noche en la calle, sin cubrir sus necesidades alimenticias y sin contar con espacios físicos ni temporales de cuidado, educación, ocio y menos diversión, ni donde suplir sus necesidades biológicas básicas (como ir al baño), exponiéndose a infecciones y otras enfermedades”. Lo anterior preocupa, además de otras consecuencias, por los impactos que está teniendo en la salud y salud mental de los niños, niñas y adolescentes, ya que la condición irregular a las que están forzados/as constituye una barrera en diversas medidas para la atención en salud.
Al estar expuestos a situaciones de agresión cotidiana y crónicas, así como a los eventos agudos de odio y violencia como el desalojo por medio de la fuerza policial y posteriormente las demostraciones colectivas de repudio de la que los niños y niñas han sido objeto, tienen impacto significativo en su salud mental. No nos referimos solamente a la aparición de tal o cual síntoma individual (angustia, depresión, estrés, etc.), sino de la introyección del miedo, rechazo y violencia como las únicas modalidades posibles en el vínculo social.
Migrar para vivir y trabajar en otro lugar no es en sí una experiencia traumatizante ni causante de psicopatología, por el contrario, puede llevar a desarrollar potencialidades inesperadas en cada uno de nosotres, siempre y cuando las condiciones en que se realice lo permitan. La experiencia en otros países demuestra que el Estado puede aportar en esta línea y no hacerlo negligentemente tendrá consecuencias negativas, no sólo para quienes ya lo están viviendo (personas migrantes y locales), sino para las futuras generaciones del país.
