La mañana de este viernes fue reingresado a la Contraloría General de la República el reglamento de la nueva Ley de Migraciones tras ser revisado por el gobierno, luego que éste lo ingresara el 6 de diciembre y lo retirara este jueves 3 de febrero.
La decisión de retirar el reglamento radicó en que el órgano contralor hizo observaciones que podrían haber terminado en declarar ilegal el documento. Pero, además de eso, la Contraloría había excedido el plazo de revisión del reglamento y no se había pronunciado aún tras recibir tres documentos de distintos organismos que solicitaban declarar inconstitucionalidad e ilegalidad de ciertos artículos.
Por medio de un comunicado la subsecretaría del Interior informó que el documento fue reingresado “tras la revisión, análisis y posterior modificación de algunos artículos puntuales del documento por parte de los equipos jurídicos de la entidad fiscalizadora y del Servicio Nacional de Migraciones”.
Destacaron el trabajo realizado por los profesionales de ambos organismos, “toda vez que en la elaboración de un reglamento como éste, con más de 180 artículos, es natural que existan visiones jurídicas que es necesario consensuar”. Agregaron que estas posturas diversas se redujeron a nueve artículos.
En tanto, el gobierno dijo valorar los aportes realizados por el ente Contralor a este proceso de elaboración del reglamento de la Ley de Migraciones, “los que se suman al proceso de consulta pública llevado adelante por el Servicio Nacional de Migraciones”.
“Esperamos que la pronta aprobación del texto reglamentario constituya un avance respecto a las actuales necesidades y expectativas de la comunidad migrante y de la ciudadanía en general”, concluyó el comunicado.
A su vez, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, manifestó que hubo dos modificaciones relevantes. La primera, relacionada a la cantidad de horas en las cuales se puede hacer el trámite de expulsión y la segunda, asociada a las facultades de funcionarios públicos para denunciar a quienes estarían ingresando ilegalmente.
Frente a la primera, Delgado explicó que “siendo que son 48 horas que tenemos de plazo para concretar la expulsión, el traslado de una persona que se iba a expulsar de una zona extrema (como Punta Arenas o Arica) y deba venir a Santiago para el vuelo de expulsión, nosotros consideramos que esas horas de traslado no se consideraran dentro del plazo, para tener más tiempo para hacer todo el trámite. La Contraloría nos dijo que no”, afirmó.
Por otro lado, “consideramos que cualquier funcionario público que sea testigo de una infracción migratoria por parte de un migrante debe ser su obligación denunciarlo. La Contraloría ahí tuvo un criterio distinto, pero estamos trabajando justamente en poder subsanar esa situación, el resto son formalidades”, comentó.
