La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Iquique y rechazó el recurso de protección presentado por tres funcionarios de la Armada imputados por violación, quienes buscaban que se eliminaran todas las publicaciones referidas al caso.
El hecho fue dado a conocer el año pasado en Radio Paulina, luego de que una joven de 18 años de Alto Hospicio, conscripta de la Gobernación Marítima de Iquique, denunció haber sido abusada sexualmente por cinco compañeros y funcionarios activos de la Armada: dos cabos primeros y tres cabos segundos, en una casa fiscal en la población naval “Marinero Ugarte” de Iquique.
Pese a que los funcionarios están siendo actualmente investigados por el Ministerio Público por los delitos de abuso sexual y violación, tres de ellos presentaron un recurso de protección en contra de la víctima y su abogado, solicitando la eliminación de publicaciones en las que se los sindicaba como partícipes del acto de agresión sexual.
El abogado de la víctima, Enzo Morales, apeló a la decisión de la Corte de Apelaciones de Iquique que había acogido el recurso y esta semana la Corte Suprema revocó la sentencia tras confirmar que la libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo respecto de denuncias de hechos de interés público prevalece sobre privacidad de los denunciados.
El fallo de la Corte Suprema indica que las publicaciones realizadas por Enzo Morales no pueden ser consideradas como un atentado a la honra o a la vida privada de los actores y de su grupo familiar, pues se trata de publicaciones meramente informativas, que dan cuenta del ejercicio de acciones judiciales amparadas por el derecho y revestidas de relevancia pública.
Asimismo, agrega que la libertad de información está protegida y garantizada en el artículo 19 N°12 de nuestra Carta Fundamental, cuyo ejercicio en la configuración concebida por la ley (N° 19.733), comprende la libertad de “buscar y recibir informaciones y difundirlas por cualquier medio, de manera que ese derecho se presenta integrado, con un carácter central, por la libertad para acceder a las fuentes de información”.
Cabe destacar que pese a que el delito habría ocurrido hace ya un año y la investigación se inició en noviembre del 2021, hasta ahora la víctima permanece a la espera de que la Fiscalía responda a las peticiones e informe el resultado de las diligencias y avances de la investigación.
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