Durante la sesión N°33 del Concejo Municipal de Colchane, la concejala Maribel Mamani denunció un presunto mal uso de los recursos del Royalty Minero (Ley 21.591), afirmando que el 80% de los fondos se estaría destinando a gastos operacionales y administrativos, en lugar de financiar proyectos que beneficien directamente a las comunidades locales.
“Estos recursos deberían ir a las localidades, no a cubrir gastos internos de la municipalidad. Hay pueblos que siguen esperando soluciones básicas y efectivas”, sostuvo Mamani, mencionando que sectores como Enquelga y Cariquima siguen enfrentando problemas de caminos intransitables, falta de agua e infraestructura en comedores comunitarios.
La concejala también cuestionó la contratación a honorarios del abogado Adolfo Torres Mamani, quien realizará asesorías administrativas y políticas de forma remota, con un pago mensual de $1.070.000 líquidos, sin asumir los siete juicios pendientes del municipio.
“Se necesita un abogado que esté a tiempo completo para los casos judiciales. Contratarlo a honorarios no soluciona los problemas legales de la comuna”, advirtió.
Frente a estas declaraciones, la Municipalidad de Colchane difundió una aclaración pública titulada “Aclaración de marco legal y uso transparente de fondos del Royalty Minero”, en la que negó categóricamente las acusaciones y defendió el uso responsable de los recursos.
El documento sostiene que la Ley 21.591 otorga libre disposición a los municipios para priorizar inversiones, “siempre bajo el marco de la probidad administrativa”, y lamenta la “circulación de información errónea y mal habida” sobre el manejo de los fondos.
Según la declaración, el 86% de los recursos del Royalty Minero se ha destinado directamente a la comunidad y el 14% restante a gastos indirectos, reafirmando que los dineros se ejecutan “con responsabilidad, transparencia y un fuerte enfoque en el bienestar directo de los vecinos y vecinas”.
No obstante, en el documento no se enumeran las obras o proyectos específicos financiados con estos fondos, lo que mantiene la discusión abierta respecto al impacto concreto del Royalty Minero en las comunidades de la comuna altiplánica.
