La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 132 votos declarar ha lugar la acusación constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, por notable abandono de deberes.
La Corporación comunicará este hecho al Senado y al afectado, dentro de las 24 horas siguientes de concluida la sesión. Con esto, la acusación constitucional pasa a la Cámara Alta, programada para ser abordada la próxima semana.
Asimismo, en representación de la Cámara, la diputada Carolina Tello y los diputados Daniel Manouchehri y Jorge Ratgheb formalizarán y proseguirán la acusación en el Senado, en la sesión que este cite para tal efecto.
En el libelo acusatorio, ingresado por once diputadas y diputados, se acusó al magistrado (hoy suspendido de su cargo) de faltar a sus deberes de probidad, abstención e imparcialidad. Esto por participar en causas donde “mantenía vínculos personales relevantes” con los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, que eran parte en esos procesos.
La acusación la expuso ante la Sala de la Corporación el diputado Daniel Manouchehri. Este sostuvo que Chile vive una crisis de confianza en la justicia, “brutal y con justa razón”. Esto, añadió, porque esta no puede operar con lógicas de amistad, favores o redes. Agregó que los chilenos merecen ser juzgados por jueces probos, independientes, imparciales y lejanos a redes de corrupción. Todo lo contrario a lo demostrado por Diego Simpertigue.
El diputado enfatizó que la acusación constitucional está sustentada en sólidos argumentos jurídicos y políticos. Pero, sobre todo, dijo, en el sentido común, porque cualquier ciudadano puede apreciar el notable abandono de deberes del magistrado.
Además, añadió como condicionante adicional las dudas sobre el pago de pasajes de viajes y cruceros realizados por el ministro Diego Simpertigue con los abogados Vargas y Lagos.
Al respecto, dijo que, si bien la defensa sostuvo que existía el comprobante de la devolución del monto, esto no fue acreditado. Enfatizó que la sola compra ya prueba la cercanía y familiaridad que había entre el ministro y los abogados; lo que podría tener ribetes penales y/o estar en presencia de una coima o cohecho.
Fundamentación de voto
Para fundamentar su voto, la diputada Camila Musante afirmó que no se debe dejar pasar que el ministro Simpertigue ni siquiera asistió a la sesión. Enfatizó que la Cámara está discutiendo una nueva acusación contra un ministro de la Suprema y como un eslabón más de la red del abogado Hermosilla. Así, planteó cuántas acusaciones serán necesarias para entender la urgencia de cambiar el mecanismo que permite esta red de favores en la justicia.
Por su parte, Ana María Gazmuri puntualizó que este caso va al corazón de la confianza democrática y el estado de derecho. Agregó que los hechos superan con creces el umbral mínimo para activar el control político que la Constitución exige al Congreso ejercer. “No estamos ante un error, estamos ante una afectación directa de la independencia judicial y a la confianza ciudadana de la justicia”.
Carolina Tello dijo que aquí está en juego la confianza pública en las instituciones y en el sistema de justicia. “Lo más grave es el incumplimiento del deber de abstención e imparcialidad pese a la estrecha familiaridad con los abogados litigantes”, recalcó.
En tanto, Daniela Serrano expresó que la probidad y transparencia son la piedra angular para el correcto ejercicio de la función pública. “Un caso de un ministro de Corte Suprema no es un caso aislado, accidental o circunstancial. Es lo contrario, es hacernos cargo de lo que demostró el caso Hermosilla, la trama de nexos e intereses existentes en el poder judicial, trama que la opinión pública pide poner fin”.
Matías Ramírez, igualmente, dijo que esta acusación es un nuevo y grave episodio de un juez de corte que se ha visto involucrado en una trama que pone en riesgo principios como la imparcialidad, la probidad administrativa y el deber de abstención. Recordó que falló en favor del Consorcio Bielorruso, sentencia que perjudicó al Estado.
Daniella Cicardini criticó que el juez no se inhabilitara cuando debía hacerlo y que los litigantes eran los mismos con los que se fue de viaje; los que pagan el pasaje sin que probara que devolvió estos pagos. “En Chile no es aceptable que se falle en causas millonarias y, luego, se vaya de viaje con esos mismos abogados”.
Paa la diputada Marcela Riquelme “el daño ya está hecho”. Afirmó que el ministro no está presente porque no le importa ni le interesa. Enfatizó que “no nos va a temblar la mano con ministros que se burlen de la ciudadanía y que no respetan un elemento básico del estado de derecho que es el honor de la investidura pública”.
Por último, para Luis Malla la justicia no pesa igual para todos en nuestro país. “La diferencia duele, molesta y cansa. Cuando existe una fractura moral, la gente deja de creer y la democracia empieza a desmoronarse por dentro”. Por eso, llamó a levantar el secreto bancario, ya que el que nada hace nada teme.
Defensa de Simpertigue
Durante la jornada, el abogado del ministro Simpertigue, Felipe Lizama, inició con la presentación de la denominada cuestión previa (esta fue rechazada también por la unanimidad de 110 votos). En ella, criticó la motivación que existió de tratar de resolver esta acusación antes de la segunda vuelta presidencial. Además, acusó un conjunto de actuaciones “sorprendentes” por parte de quienes participaron como invitados en la comisión; donde se habrían pronunciado sobre el fondo de la acusación previo a la exposición de la defensa, lo que pasaría por sobre el reglamento de la Cámara.
Junto a esto, también criticó que algunos parlamentarios plantearan su posición sobre la acusación antes de los descargos de la defensa.
Al pasar al fondo de la acusación, Lizama desestimó los tres capítulos porque “no parece que los hechos en los que hay controversia, como ha sido reconocido, deban ser pábulo para una acusación constitucional”.
De tal modo, recalcó que, en el caso Belaz Movitec, el ministro solo intervino en una causa de aclaración posterior, respecto de una sentencia ya pronunciada, sin presencia de alegatos. Luego participó como ministro en un recurso de queja, entre los mismos incumbentes. En este caso, no habrían participado ninguno de los abogados supuestamente relacionados al juez. También negó que un eventual vínculo con los abogados pudiese haber influido en el juicio de reclamación ambiental en el caso Fundamenta.
Sobre el cuestionamiento referido a nombramientos notariales, precisó que Diego Simpertigue no tiene ningún vínculo de parentesco en el Poder Judicial. Aclaró que César Maturana, nombrado com notario interino en San Miguel, tendría vínculos con la hija de su pareja. Resaltó que Simpertigue no era ministro de la Corte Suprema al momento de concretarse dicho nombramiento, ni era ministro visitante, como se habría acusado.
Debido proceso
La presidenta de la comisión, Maite Orsini, intervino en representación de la comisión para responder a la cuestión previa. Aseguró tajante que en “todo momento (en la comisión) actuamos respetando celosamente el derecho a la defensa del acusado y fue justamente el abogado el que renunció a ejercer su derecho”. Esto por la ausencia del profesional en las sesiones de la comisión.
La parlamentaria desestimó que exista una inhabilidad de los diputados por emitir opiniones previas. Dijo que “esa figura no existe en el derecho constitucional”, tampoco la recusación parlamentaria o el prejuzgamiento, ratificado en múltiples fallos del Tribunal Constitucional.
Asimismo, al fundamentar su voto, Orsini manifestó que se revisaron más de cien antecedentes enviados por la defensa a la comisión. Indicó que “aquí no hubo mal entendido, ni torpeza, sino una decisión consciente de engañar al Congreso y a este país”.
