La Federación Departamental de Transporte Interprovincial de La Paz se declaró en “estado de emergencia” y advirtió que realizará movilizaciones si el Gobierno de Bolivia no deroga el decreto supremo que levanta la subvención a los combustibles.
El gremio de transportistas otorgó un plazo de 24 horas para atender su demanda, ante el impacto directo en los costos de operación y las tarifas hacia las provincias. Además, las Federaciones de Juntas de Vecinos no descartaron marchas para exigir la derogación del decreto.
El secretario general de la federación, Luis Chávez, afirmó que el sector de transporte acatará las determinaciones de sus organizaciones y no descarta salir a las calles como medida de presión.
“De repente ya manifestándonos en las calles, porque tenemos que hacernos entender, el gobierno debe entender a la sociedad civil”, sostuvo, al cuestionar el impacto del alza en la economía de los trabajadores y las comunidades.
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En la misma línea, el vicepresidente Edmand Lara, junto a jefes de bancada de varias fuerzas políticas, expresó su rechazo a la decisión del presidente Rodrigo Paz de eliminar la subvención a la gasolina y el diésel.
Lara advirtió que la eliminación de los subsidios “lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar, que va a afectar a los sectores más humildes y que viven sobre todo del día a día”.
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Por su parte, el ministro de la Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, afirmó que el Gobierno hará cumplir la ley frente a los bloqueos, paros y marchas anunciados por sectores del transporte, organizaciones sociales y juntas vecinales, en rechazo a la eliminación de la subvención a los hidrocarburos.
El secretario de Estado aseguró que “estas medidas no son negociables”, aunque sostuvo que las puertas del diálogo permanecen abiertas.
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“Vamos a cumplir la ley en toda su dimensión, pero también vamos a abrir absolutamente las puertas del diálogo a todos los sectores, para explicar por qué se están tomando estas medidas para estabilizar al país”, sostuvo Lupo.
Las declaraciones se producen luego de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas económicas que incluye la eliminación del subsidio a los combustibles, la actualización de los precios de los carburantes, el incremento de bonos sociales y la subida del salario mínimo nacional.
Sobre la duración, el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, informó que los nuevos precios fijados a los hidrocarburos, tras la eliminación de la subvención, será de seis meses, esto para que la economía se adapte y, luego de ese tiempo, los mismos vayan variando.
Según Medinaceli, con estos nuevos precios la “idea es tener unos seis meses de estabilidad para que toda la economía se adapte, toda la economía se ponga estable y luego entra este mecanismo de ajustes”.
