Tras exponer ante la Comisión de Constitución de la Cámara los alcances de la denominada Operación Apocalipsis, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que el Gobierno presentará durante el mes de enero una reforma constitucional para Gendarmería de Chile.
La iniciativa busca que la institución pase a formar parte del sistema de orden y seguridad pública, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), incorporando formalmente la función de seguridad y control de los recintos penitenciarios que actualmente ejerce. Con ello, Gendarmería se transformará en una institución jerárquica, obediente y no deliberante.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, valoró la propuesta, señalando que permitirá una mayor coordinación con las policías y contribuirá a evitar la acción del crimen organizado al interior de los recintos penales. Asimismo, llamó a no adelantar conclusiones respecto a una eventual pérdida de derechos laborales del personal, pese a que la reforma implicaría cambios en las actuales asociaciones de funcionarios.
Durante la sesión, diputadas y diputados manifestaron un respaldo transversal a la tramitación de la reforma comprometida por el Ejecutivo. La presidenta de la comisión, Javiera Morales, afirmó que esta iniciativa, junto a otros proyectos en trámite, representa una oportunidad para fortalecer Gendarmería y descartó que exista un control total del crimen organizado en las cárceles, apuntando más bien a redes de corrupción vinculadas al ingreso de drogas, bienes y dinero.
En tanto, el diputado Gustavo Benavente sostuvo que actualmente no existe un control efectivo en los recintos penitenciarios, citando informes de Contraloría que evidencian hechos reiterados de corrupción, mientras que el diputado Luis Sánchez planteó que el Gobierno reaccionó tarde ante la crisis carcelaria y llamó a reforzar las medidas de seguridad y control.
Por su parte, el diputado Leonardo Soto destacó la Operación Apocalipsis como un golpe significativo al narcotráfico y la corrupción, aunque reconoció que dejó al descubierto problemas estructurales como el ingreso de elementos prohibidos y el hacinamiento carcelario.
El ministro Gajardo informó que la operación, realizada en coordinación con el Ministerio Público, la PDI y el Departamento de Investigación Criminal de Gendarmería en el penal Santiago 1, permitió identificar a 45 funcionarios —de un total de 21 mil— involucrados en delitos de cohecho, soborno y asociación ilícita. Añadió que esta investigación se originó a partir de un foco solicitado por el Gobierno en 2022 y activado en 2023.
Finalmente, el director de Gendarmería calificó el operativo como inédito y de alto impacto, confirmando que todos los funcionarios involucrados serán desvinculados de la institución.
