Por el delito de robo de vehículo motorizado, la Fiscalía de Iquique formalizó a cuatro imputados que el pasado viernes sustrajeron dos camionetas desde el estacionamiento del aeropuerto Diego Aracena.
En la audiencia de formalización, la abogada asistente Kelly Pérez expuso que el 19 de diciembre de 2025, cerca de las 19:30 horas, los imputados P.S.L.S., M.A.R.P. y C.I.G.M., de nacionalidad chilena, junto a E.F.P.A., de nacionalidad boliviana, previamente concertados para cometer el delito, se trasladaron en un vehículo Mazda Demio hasta las inmediaciones del aeropuerto, específicamente al sector de estacionamientos. En el lugar se encontraban estacionadas una camioneta Nissan Navara, color rojo, y una Toyota Hilux, color gris, ambas de propiedad de una empresa privada de construcción.
Los imputados manipularon las balizas de los vehículos, logrando sustraer las llaves que los dependientes mantenían ocultas, abrieron los autos, ingresaron a ellos y huyeron del recinto con las camionetas.
Tras un aviso oportuno de la empresa afectada a Carabineros, operadores de las cámaras municipales realizaron un rápido rastreo de los vehículos conducidos por los imputados, quienes se desplazaron por la Ruta A-1 en caravana de sur a norte hasta Playa Blanca, abandonando los vehículos sustraídos y huyendo del lugar.
El seguimiento por las cámaras permitió alertar a personal de la Sección de Investigación Policial (SIP), quienes efectuaron un seguimiento y luego de un operativo de búsqueda de infantería, lograron ubicar y detener a los imputados en el sector de roqueríos.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso las diligencias realizadas en el marco de la ampliación de la detención, entre ellas la revisión de las cámaras de seguridad del aeropuerto, el análisis de registros de cámaras municipales que captaron el desplazamiento y huida de los imputados, además de las declaraciones de funcionarios policiales.
Atendida la gravedad de los hechos y considerando que los imputados contaban con condenas anteriores, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, solicitud que fue rechazada por el tribunal, decretando en su reemplazo las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima y al aeropuerto. El plazo de investigación se fijó en 60 días.
