La Fiscalía Sur presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la acusación formal contra la exdirigente política Karina Oliva y un grupo de excolaboradores, solicitando una pena de 7 años de presidio por el delito de fraude de subvenciones, en carácter reiterado.
Según el Ministerio Público, la investigación estableció la existencia de un mecanismo destinado a defraudar al Estado mediante el cobro de reembolsos electorales por servicios que no se habrían prestado, a través de la emisión de boletas ideológicamente falsas. Los hechos se vinculan a la campaña de Oliva a la gobernación regional y derivaron en un fuerte cuestionamiento al financiamiento político.
Junto a Oliva, la Fiscalía solicitó 7 años de cárcel para figuras clave del extinto partido Comunes: Jorge Ramírez, expareja de Oliva y expresidente de la colectividad; Martín Miranda, exadministrador electoral de la campaña; y Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva del partido. Para Juan Pablo Sanhueza y José Robredo, el ente persecutor pidió 5 años de presidio, mientras que para colaboradores territoriales como Jean Flores la solicitud es de 3 años.
De acuerdo con la acusación, la estructura habría inflado gastos y presentado documentación falsa para obtener reembolsos del Servicio Electoral, práctica que, según la Fiscalía, se repitió en el tiempo. El caso terminó impactando a la colectividad involucrada y abrió un debate público sobre los controles al financiamiento de campañas.
Con la presentación de la acusación, el proceso entra en su etapa final, quedando ahora en manos del tribunal fijar la audiencia de preparación de juicio oral, donde se definirá qué pruebas serán admitidas para el juicio que determinará la responsabilidad penal de los 11 acusados.
