Un complejo y dramático testimonio entregó Orozimbo Robledo, conocido como Don Oro, propietario del restaurante La Esquina de Oro en Iquique y Alto Hospicio, quien denunció que la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá mantiene una deuda impaga cercana a los $460 millones, correspondiente a servicios de alimentación prestados durante el funcionamiento del dispositivo Lobito, recinto que acogía a personas migrantes en la región.
En entrevista con Radio Paulina, el empresario relató que el vínculo con el Estado comenzó en 2023, cuando —a través de la Fundación Hogar de Cristo y con participación de UNICEF— fue contactado para resolver una grave crisis alimentaria en el albergue. Inicialmente, el servicio fue financiado por diez días, pero luego se dio paso a un contrato de emergencia con la Delegación Presidencial de Tarapacá.
Según explicó, el contrato correspondiente a marzo–diciembre de 2023 fue finalmente pagado, aunque con un retraso considerable, ya que el último desembolso se concretó recién en agosto de 2024. No obstante, la mayor deuda corresponde a los servicios prestados entre enero y agosto de 2024, los que —asegura— no han sido cancelados hasta hoy.
“Llevo 14 meses yendo casi todos los días a la Delegación, desde agosto del año pasado. Las respuestas que me dan no tienen fundamento. Siempre es lo mismo: que las lucas no han llegado desde Santiago, que están en trámite, que no hay respuesta”, afirmó.
Falta de órdenes de compra y pagos bloqueados
Don Orosimbo explicó que, al tratarse de servicios al Estado, no puede emitir facturas sin una orden de compra previa, la cual nunca fue cursada para el período adeudado. “Yo no puedo cobrar si el propio Estado no genera el mecanismo administrativo. La plata tiene que pasar por toma de razón de Contraloría, y eso ya ocurrió”, sostuvo.
En ese sentido, aseguró que la Contraloría General de la República, mediante un oficio emitido en junio de 2025, instruyó expresamente a la Delegación Presidencial de Tarapacá a adoptar a la brevedad las medidas necesarias para pagar al proveedor, reconociendo que los servicios fueron contratados y efectivamente prestados. Pese a ello, la deuda sigue sin saldarse.
Cambios de autoridades y gestiones sin respuesta
El empresario detalló que durante este período ha debido tratar con distintas autoridades regionales, sin obtener una solución definitiva. El contrato inicial se habría suscrito bajo la administración del entonces delegado presidencial Daniel Quinteros. Posteriormente, con el cambio de autoridad, indicó no haber recibido respuesta de la exdelegada Ivonne Donoso, pese a solicitudes formales y gestiones realizadas incluso por Ley de Lobby.
“Nunca me recibió, nunca me dio una respuesta. Mandé correos, pedí audiencias, nada”, aseguró.
Posteriormente, señaló que fue recibido por el delegado subrogante Pedro Medalla, quien —según indicó— mostró voluntad y realizó gestiones que no se habían hecho antes, como impulsar una segunda toma de razón en Contraloría. Sin embargo, el pago tampoco se concretó.
El empresario agregó que incluso intentó escalar el problema a nivel central, contactando a Andrés Santander, autoridad a cargo de coordinar a los delegados presidenciales a nivel nacional, sin obtener resultados concretos.
“Tengo que vender lo que construí en una vida”
El impacto económico y personal de la deuda ha sido devastador para el empresario, quien señaló que su negocio es una empresa familiar y que hoy enfrenta embargos, deudas tributarias, bancarias y con proveedores.
“He hablado con mis hijos y les he dicho que quizás tengamos que vender la casa matriz. Antes que el Fisco me embargue, siendo que el propio Gobierno me debe, tengo que deshacerme del esfuerzo de toda una vida”, lamentó.
Asimismo, descartó haber llegado a este contrato mediante licitación, explicando que fue convocado directamente por un plan de emergencia, al cual accedió confiando en la seriedad del Estado. “Nunca faltó un plato. Cumplimos todo. Para dar un servicio de esa envergadura tuvimos que arriesgar, trabajar con márgenes mínimos, y hoy estamos en contra”, sostuvo.
Consultado sobre una eventual judicialización del caso, reconoció que lo ha evaluado, pero que los plazos —que podrían extenderse entre dos y cuatro años— hacen inviable esa vía en el corto plazo. “El gobierno es el faraón y nosotros somos los egipcios. Así funciona”, expresó.
Finalmente, Don Orozimbo insistió en que su única demanda es que se pague lo adeudado, advirtiendo que la situación no solo lo afecta a él, sino también a otros proveedores que prestaron servicios durante el funcionamiento del dispositivo Lobito.
