Con un amplio consenso político, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto que crea la nueva Ley de Inteligencia del Estado, luego de aprobar el informe de la comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado. La iniciativa (boletín 12.234) fue respaldada por 107 votos a favor y registró tres abstenciones.
De acuerdo con lo definido en la comisión mixta, la ley tiene por objeto establecer y regular el Sistema de Inteligencia del Estado, su institucionalidad, forma de funcionamiento y mecanismos de control, con el fin de contribuir a la planificación y definición de acciones destinadas a enfrentar riesgos, amenazas y agresiones que afecten la seguridad de la Nación, el interés nacional y el orden constitucional.
La normativa establece que los integrantes del sistema no podrán realizar labores de inteligencia o contrainteligencia para fines distintos a los establecidos en la ley y deberán ejercer sus funciones de manera oportuna, anticipando riesgos, amenazas y oportunidades, siempre sujetos a los mecanismos de control definidos.
Sistema de Inteligencia del Estado
El Sistema de Inteligencia del Estado estará integrado por la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI); la Dirección de Inteligencia de la Defensa del Estado Mayor Conjunto; las Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas; y las Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Además, se incorporan como organismos colaboradores la Agencia Nacional de Ciberseguridad y Gendarmería, junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos (SII). También participará la Secretaría General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El texto regula igualmente el accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden en materia de inteligencia, incluyendo la definición de sus objetivos, reafirmando la conducción democrática del sistema mediante las directrices fijadas por los ministerios correspondientes.
Acceso a información y controles
La ley establece un amplio marco normativo para regular los procedimientos de obtención de información, tanto regulares como especiales. Se definen los organismos obligados a entregar información, el tratamiento de datos personales y sensibles, el manejo de información secreta y los procedimientos para las autorizaciones judiciales en esta materia, además de sanciones para quienes vulneren los límites legales.
Asimismo, se regulan los instrumentos de planificación de la inteligencia, precisando las funciones, componentes y operatividad de la ANI, junto con el establecimiento de una Política Nacional de Inteligencia del Estado y otros instrumentos institucionales, como un Plan de Desarrollo y un Consejo Interministerial.
El control externo del sistema recaerá en la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia y la Cámara de Diputadas y Diputados, en el ámbito de sus respectivas competencias. Las actuaciones, registros y documentos derivados de estos controles tendrán carácter secreto.
Adicionalmente, la ley ordena a los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea elaborar e implementar sistemas de auditoría interna en cada institución, con el objetivo de registrar las declaraciones de patrimonio e intereses de los funcionarios que determinen, junto con establecer normas de denuncia frente a irregularidades o delitos.
Debate en Sala
Durante la discusión en Sala intervinieron parlamentarios de diversos sectores, entre ellos Andrés Jouannet, Miguel Mellado, Jorge Brito, Carlos Bianchi, Henry Leal, Stephan Schubert, Juan Carlos Beltrán, Luis Sánchez, Francisco Undurraga, Álvaro Carter, Chiara Barchiesi, Gustavo Benavente y Leonardo Soto. En representación del Gobierno expuso el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
En el debate, se coincidió ampliamente en la necesidad de contar con una nueva Ley de Inteligencia acorde al contexto actual del país, destacando las nuevas herramientas de investigación, coordinación y anticipación frente al crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.
Asimismo, se valoraron los mecanismos de control previo y posterior al tratamiento de la información, así como la incorporación de medidas orientadas a prevenir la infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en las Fuerzas Armadas.
Si bien algunos parlamentarios cuestionaron la tardanza en la tramitación del proyecto, se destacó que la ley se despacha con un acuerdo sólido y transversal, con una mirada de Estado, y se llamó a una implementación rápida y efectiva de la nueva normativa.
