El lunes se realizó en el Juzgado de Garantía de Iquique la formalización de Franco Rossi, hijo del exsenador Fulvio Rossi, y otras tres acusadas por el delito de estafa reiterada, ya que durante 2022 y 2023 supuestamente crearon comités de vivienda con la finalidad de adquirir propiedades sociales apropiándose de unos $145 millones que aportaron las familias.
La audiencia se realizó durante la mañana, tras una solicitud del fiscal adjunto de la Fiscalía de Iquique, Juan Zepeda, quien pidió formalizar la investigación que inició en septiembre de 2023 por una querella por el delito de fraude en contra de Rossi.
Según el documento, el hijo del exsenador y los otras tres imputadas habrían estafado presuntamente a 120 familias de la región por un monto cercano a los $145 millones de pesos luego de haberles prometido cupos para la construcción de viviendas sociales.
En la audiencia de formalización, el fiscal Juan Zepeda explicó que el año 2022 el imputado Franco Rossi, utilizando la red social “Facebook”, donde ofrecía a la comunidad sus servicios de asesoría legal, en calidad de “abogado”, convocó en un llamado público a la conformación de un comité para adquirir viviendas sociales de nombre “AKATSUKI”.
Al ser una persona conocida en la región por el ser hijo de un ex senador, una gran cantidad de personas confiaron en sus dichos y se integraron al comité, quienes pagaron entre 13 y 25 mil pesos por persona para trámites administrativos, los que fueron depositados en las cuentas bancarias de las imputadas Francisca Llanos Rodríguez, Camila Eyzaguirre Negrete -hermana y pareja de Franco Rossi, respectivamente- y Nicole Zerene Sunnah.
Posteriormente, en noviembre de 2022, el imputado conformó un nuevo proyecto con el mismo fin anterior denominado “Viviendas Sarmenia”, creando para ello un grupo por WhatsApp compuesto por más de 120 personas, prometiendo la compra de lotes en playa Sarmenia, los cuales serían a su vez subdivididos para la construcción de viviendas. Al igual que en el comité anterior, las víctimas fueron citadas a notaría para firmar un documento de constitución.
Para este proyecto, el imputado solicitó una suma inicial de $600.000 para las gestiones administrativas y una segunda suma por un monto similar, como adelanto del precio del terreno a comprar. Estos montos nuevamente fueron depositados en las cuentas de las coimputadas.
Según el relato fiscal, durante el año 2023 el imputado comenzó a dar diversas excusas respecto a los retrasos de la compraventa del terreno, generando incertidumbre en las víctimas. Estas se contactaron con la imputada Camila Eyzagurirre, quien se había presentado como secretaria de Franco Rossi, la que señaló que había abandonado el proyecto, que fue pareja del imputado, pero ya habían terminado y no sabía nada de él ni de los dineros. Luego las víctimas consultaron en el Minvu donde les señalaron que no era posible construir viviendas en el terreno de la playa, ya que estaba en zona de inundación.
Pese a que las víctimas le solicitaron al imputado Franco Rossi un detalle de los dineros recepcionados, nunca entregó la información ni devolvió los montos, los que ascendieron a lo menos a 145 millones de pesos.
En la audiencia el fiscal Zepeda dio cuenta de las diligencias desarrolladas junto a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones que permitieron establecer la dinámica de los hechos y la participación de los imputados. Además, el tribunal decretó el arraigo de los imputados y fijó un plazo de investigación de 120 días.
“Engañó a quienes buscaban el sueño de la casa propia”
La querella criminal fue interpuesta en tribunal en septiembre de 2023 y es patrocinada por el diputado por Tarapacá, Matías Ramírez (PC), luego de una denuncia que ingresada en la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI).
De hecho, el parlamentario destacó la formalización de Rossi, señalando que se ha dado “un paso importante para obtener justicia”, considerando que el acusado se “aprovechó de su posición política” y “engañó a quienes buscaban el sueño de la casa propia”.
“Esperamos y hemos conversado con las familias que vamos a seguir colaborando, acompañándolos en este proceso judicial hasta que haya justicia por todas las familias estafadas en el Caso Sarmiento”, agregó el parlamentario.
