El Gobierno entregó nuevos detalles sobre el proyecto de ley que busca regularizar la deuda acumulada con las empresas distribuidoras eléctricas, originada tras el congelamiento de tarifas aplicado en años anteriores. La iniciativa contempla la aplicación de un cargo adicional en las cuentas de electricidad por un período de 48 meses, con el objetivo de normalizar el sistema sin generar un impacto abrupto en los hogares.
El anuncio fue realizado por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, quien explicó que el mecanismo propuesto no considera un monto fijo para todos los usuarios, como se planteó en versiones preliminares del proyecto, sino que establece un aumento diferenciado según el nivel de consumo eléctrico de cada cliente.
De acuerdo con lo detallado por el secretario de Estado, los hogares con menores consumos enfrentarán incrementos más acotados. En términos prácticos, una boleta cercana a los $30 mil mensuales tendría un recargo aproximado de $1.000, mientras que una cuenta promedio de $40 mil registraría un aumento cercano a los $1.450. En el caso de consumos más elevados, con boletas en torno a los $55 mil, el alza podría alcanzar aproximadamente los $2.000 mensuales.
García recalcó que el objetivo del diseño es introducir criterios de equidad, de manera que quienes consumen más energía asuman una mayor proporción del ajuste, evitando impactos desproporcionados en los hogares de menor consumo.
El proyecto de ley incorpora además un subsidio destinado al 40% de los hogares más vulnerables del país, con el fin de amortiguar el efecto del alza en los sectores de menores ingresos. Según explicó el biministro, este subsidio no implicará un gasto fiscal adicional, ya que será financiado a través de la mayor recaudación de IVA que se generará producto del aumento en las tarifas eléctricas.
“Se trata de un mecanismo que permite proteger a las familias más vulnerables, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico”, señaló la autoridad, destacando que la medida busca equilibrar responsabilidad fiscal y protección social.
Escenario político y cambio de gobierno
En el marco del cambio de administración, García confirmó que sostuvo una reunión con Ximena Rincón, futura ministra del próximo gobierno, instancia en la que se abordaron los lineamientos generales del proyecto. No obstante, la autoridad entrante evitó adelantar una definición, indicando que la propuesta será analizada en detalle antes de comprometer un eventual respaldo.
Desde el Ejecutivo reconocen que la iniciativa deberá enfrentar discusión tanto técnica como política en el Congreso, considerando el impacto que tendrá en millones de usuarios residenciales y en el sector productivo.
El proyecto también contempla medidas específicas para el sector empresarial, el cual deberá asumir un cargo adicional acorde a su nivel de deuda acumulada, sin acceso a los subsidios destinados a los hogares vulnerables. Desde el Gobierno explicaron que esta diferenciación responde a la necesidad de distribuir el esfuerzo de manera proporcional y asegurar que todos los actores contribuyan a la normalización del sistema eléctrico.
Con esta propuesta, el Ejecutivo busca cerrar un capítulo pendiente en materia tarifaria, garantizando la continuidad del servicio eléctrico, el cumplimiento de los compromisos con las empresas distribuidoras y un impacto gradual en los usuarios finales, en un contexto marcado por la transición política y el debate sobre el costo de la energía para los hogares y la economía en general.
