Este martes el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en decisión unánime, desestimó la solicitud de desafuero del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego Larraín, imputado en el denominado “Caso ProCultura”.
En la audiencia, el tribunal de alzada escuchó los alegatos del Ministerio Público y la defensa de la autoridad y luego de la deliberación de rigor el presidente de la Corte de Apelaciones, Fernando Carreño, comunicó a las partes la decisión de rechazar la petición.
“En Santiago, a 17 de febrero del presente año, se comunica que el Tribunal Pleno de esta Corte de Apelaciones, por unanimidad, desestimó hacer lugar a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía Local de Antofagasta en contra del Gobernador Regional señor Claudio Orrego Larraín. La redacción de la sentencia queda a cargo de la ministra señora Sandra Araya Naranjo”, indicó el magistrado.
Tras ser rechazado el desafuero, el fiscal Cristián Aguilar evitó pronunciarse sobre lo resuelto por el tribunal, señalando que desconoce el texto de la sentencia.
“Comentarios respecto a lo resuelto no resultan posibles hacerlos porque no conocemos el texto de la sentencia. Una vez que sea redactada, va a ser comunicada a las partes para los efectos de conocer su contenido”, agregó.
Por su parte, Ciro Colombara, abogado de Orrego, afirmó que con la resolución del tribunal “ha quedado claro, con esta decisión contundente, en que aquí no ha habido conducta penalmente reprochable de ningún tipo. Nosotros sostenemos que no ha habido ninguna infracción administrativa”.
Cabe mencionar que el gobernador metropolitano es acusado por el delito de fraude al fisco en una investigación que lidera la Fiscalía Regional de Antofagasta.
El Ministerio Público sostiene que Orrego suscribió dos convenios con Procultura por un total de $1.690 millones sin que la fundación contara con la “capacidad, idoneidad, competencia y experiencia” necesarias para ejecutar los contratos.
Los recursos entregados en 2022 a Procultura debían destinarse al programa “Quédate”, iniciativa orientada a la prevención del suicidio, pero cerca de $1.000 millones no estarían justificados.
Asimismo, el organismo persecutor acusa que el convenio no tiene justificación técnica y sólo está sustentado por la cercanía entre el cofundador de la ahora extinta Fundación ProCultura, Alberto Larraín, y el gobernador Orrego.
