Cinco integrantes de una organización criminal dedicada al robo violento de vehículos quedaron en prisión preventiva, luego de una investigación desarrollada por Carabineros de Chile, a través de la SEBV Iquique, en coordinación con el Ministerio Público.
El proceso investigativo se inició en diciembre de 2025, tras una serie de delitos que afectaron a conductores en las comunas de Iquique y Alto Hospicio, vinculados a robos con intimidación de vehículos motorizados.
De acuerdo con los antecedentes reunidos, la organización estaba compuesta por cinco hombres, de nacionalidad chilena, peruana y boliviana, entre ellos dos adolescentes y tres adultos, quienes actuaban de forma coordinada y con roles previamente definidos para cometer los ilícitos.
Según se estableció durante la investigación, el grupo operaba con planificación previa, coordinando tanto la ejecución de los robos como la posterior comercialización ilegal de los vehículos y especies sustraídas. El modus operandi consistía en abordar a las víctimas en sectores de baja iluminación y escasa circulación, intimidándolas con armas de fuego y armas blancas para sustraer los automóviles y pertenencias.
Las diligencias permitieron acreditar cinco delitos de robo con intimidación y receptación, lo que derivó en la solicitud de órdenes de entrada y registro a diversos inmuebles, además de órdenes de detención contra los integrantes de la banda.
El procedimiento policial se ejecutó en dos fases, desarrolladas durante enero y febrero, logrando la detención de la totalidad de los involucrados. En el marco de los allanamientos, además, fue detenido un ciudadano extranjero por tráfico de drogas, incautándose 350 gramos de cannabis sativa.
Asimismo, se decomisaron tres pistolas de aire comprimido, partes y piezas de armas, teléfonos celulares, llaves de vehículos y vestimentas presuntamente utilizadas en la comisión de los delitos.
Con los antecedentes expuestos ante el Juzgado de Garantía, el tribunal decretó la prisión preventiva para los cinco imputados, fijando un plazo de investigación de 90 días, al estimar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.
