La Fiscalía Local de Iquique formalizará a Cristian Araya Cortés, socio de una empresa que administra al conocido bar restaurante “Chiringuito Cavancha”, por los delitos de lavado de activos y administración desleal.
La solicitud, liderada por el fiscal adjunto Juan Zepeda, apunta directamente en contra del ingeniero comercial y la Sociedad por Acciones “Rayco Inversiones”, constituida el 27 de octubre de 2025 y representada por el imputado.
Según información recabada por Radio Paulina, la investigación penal comenzó en febrero de 2025, cuando los miembros de la empresa dedicada al rubro gastronómico “Alpha Group SPA” presentaron una querella en contra de Araya Cortés por los presuntos delitos de administración desleal, lavado de activos y uso malicioso de licencia médica falsa.
Dicha compañía se creó con el fin de administrar el conocido restaurante de la península Cavancha y está integrada por los socios Gunther Ziller, William Obregón y Cristián Araya, quienes acordaron dividir las áreas de trabajo y la repartición de las utilidades mensuales. Sin embargo, de acuerdo a la querella, no se autorizó de manera informal o formal que un socio tuviera un sueldo.
En abril de 2023 se nombró a Araya Cortés como gerente general y representante legal de la empresa, siendo el encargado de las finanzas y el efectivo del negocio. Sin embargo, hubo molestias de los socios Ziller y Obregón por su labor y en mayo de 2025 ambos decidieron revocarle el cargo acusando “actos de administración mendaz”.
La acción penal, patrocinada por el abogado Juan Carlos Manríquez, expuso un supuesto esquema de operaciones por parte del acusado, tales como el presunto mal manejo de fondos, el desvío de dinero a cuentas personales, la contratación de servicios sin autorización y el supuesto uso indebido de licencias médicas para trabajar en otras empresas.
Según se detalla en el texto, las alertas comenzaron en diciembre de 2024 cuando Ziller solicitó información contable para ordenar financieramente sus empresas, pero el gerente general de “Alpha Group” no proporcionó la documentación requerida y envió información parcial. Tras revisar los antecedentes, los socios descubrieron que los balances de 2023 y 2024 no estaban aprobados y que no se habían realizado reuniones de directorio en dos años.
Asimismo, sostienen que al verificar dichos balances se detectaron supuestos gastos generales excesivos, alcanzando $276.000.000 en 2023 y $300.000.000 en 2024, de los cuales aproximadamente $267 millones carecían de respaldo documental, sin explicaciones razonables por parte del querellado.
Otra situación mencionada por los querellantes tiene relación con un supuesto “autocontrato de trabajo” que Araya suscribió con la empresa sin autorización ni informar a los socios del directorio desde 2023. También se acusan transferencias realizadas desde la cuenta de la empresa para pagar las tarjetas de crédito personales del querellado, que no fueron informadas ni justificadas a la sociedad por más de $23 millones.
Licencias médicas
En la denuncia se detalla que Araya Cortés supuestamente presentó 115 días de licencias médicas pagadas entre noviembre de 2023 y mayo de 2024, aunque no estaba enfermo, ya que —aseguran los querellantes— estuvo trabajando para otra empresa.
“El querellado no se encontraba enfermo, sino que realizó dicha maniobra con el objeto de trabajar para otras personas (jurídicas y/o naturales), además de recibir el pago por la licencia y ALPHA GROUP S.P.A”, se indica en el texto al que accedió este medio.
Algo similar habría ocurrido entre septiembre de 2024 y abril de 2025, cuando el imputado obtuvo 310 días más de licencias médicas pagadas por la empresa Alpha Group, pese a ocupar el sistema de salud.
Formalización del imputado
Según la acción judicial, Araya Cortés supuestamente generó, con su actuar, un perjuicio económico de más de $357 millones a los socios y a la empresa. Por estos hechos, los querellantes solicitaron que la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) indague este caso y que se tome declaración a los testigos que se indicarán el transcurso de la investigación.
También se pidió al Ministerio Público que oficie al Servicio de Impuestos Internos (SII) para que entregue los antecedentes del querellado y sus sociedades, y que se oficie a las entidades bancarias y financieras para que informen sobre los productos que tenga contratado el imputado.
A raíz de la querella, el fiscal Juan Zepeda puso en marcha una investigación penal y el pasado 12 de marzo solicitó al Juzgado de Garantía de Iquique agendar una audiencia para formalizar a Araya Cortés. El magistrado Vicente Muratori acogió la solicitud del Ministerio Público y fijó la audiencia de formalización para el 9 de abril a las 8:30 horas.
“Más de 800 millones de pesos en dinero sustraído“
Sobre esta querella, el abogado Juan Carlos Manríquez sostuvo que “hay antecedentes que dan a entender y sustentan que el imputado se ha apropiado y distraído por sí y a través de otras personas con maniobras fraudulentas, y además de ocultamiento, de más de 800 millones de pesos en dinero sustraído desde diversas partidas, simulando proveedores, alterando balances, alterando cuentas, apropiándose de las propinas de los trabajadores, incluso, en beneficio personal, adquiriendo vehículos, un par de departamentos, y además constituyendo unas sociedades ficticias, destinadas única y exclusivamente a aprovechar el efecto del fraude”.
Según el jurista, la empresa ha realizado “todas las acciones civiles, penales y arbitrales” en contra del imputado y aseguró que se han dirigido medidas cautelares sobre los bienes defraudados. También se espera que se realicen otras diligencias como citaciones a personas cercanas al imputado y “que, según los antecedentes, también se prestaron para encubrir estos delitos“.
Radio Paulina intentó contactar a Cristián Araya con el fin de obtener su versión sobre los hechos denunciados y la formalización en su contra. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo una respuesta.
