La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), criticó el proyecto de ley aprobado en general en la Cámara Alta que busca permitir la conmutación de penas por razones de edad avanzada, enfermedades crónicas o enfermedades terminales.
La iniciativa ha generado una fuerte polémica política, ya que diversos sectores han advertido que, en su forma actual, podría beneficiar a condenados por delitos graves, incluyendo violadores de derechos humanos y otros criminales de alta peligrosidad.
En conversación con Televisión Nacional de Chile (TVN), la senadora señaló que el principal problema del proyecto fue el momento en que se votó en el Senado. “Yo creo que el gran error fue la oportunidad. Haberlo votado en ese momento y no haberlo revisado en detalle”, afirmó.
Núñez explicó que aprobar la idea de legislar no implica necesariamente respaldar el contenido final del proyecto, ya que el debate posterior permite introducir cambios. “Cuando uno vota a favor de entrada, vota la idea de legislar, y efectivamente uno puede entrar a un debate de tener una conmutación de penas donde el objetivo sea humanitario”, agregó.
Críticas al alcance de la propuesta
Sin embargo, la parlamentaria sostuvo que el texto que terminó avanzando se aleja del espíritu humanitario que originalmente se buscaba discutir. “Lo que terminó saliendo no puede estar nada más lejos o es la antípoda de lo humanitario”, advirtió.
Según explicó, el principal cuestionamiento es que la normativa podría permitir la reducción o conmutación de penas a condenados por delitos graves. “Estamos hablando de sicarios, de quienes están condenados por delitos sexuales contra niños, o sea, estamos hablando de una cuestión que no tiene sentido común”, sostuvo.
El proyecto continuará su tramitación legislativa, instancia en la que distintos sectores han adelantado que buscarán introducir modificaciones para restringir los delitos que podrían acceder a este beneficio.
El debate se produce en medio de un escenario político marcado por altas exigencias ciudadanas en materia de seguridad y justicia, lo que ha intensificado las críticas a cualquier iniciativa que pueda implicar beneficios para condenados por delitos graves.
