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Decretan prisión preventiva para 15 miembros de banda de contrabandistas en frontera de Tarapacá

Por los delitos de asociación criminal y contrabando fueron formalizados por la Fiscalía del Tamarugal los 15 adultos y un adolescente detenidos la semana pasada en el sector fronterizo de Ujina cuando intentaban sacar de forma clandestina del país, una caravana de camiones cargados con diversas mercaderías.

En la audiencia de formalización, el fiscal Milton Torres explicó que la madrugada del 11 de marzo pasado, en el sector de Ujina, comuna de Pica, personal de Carabineros realizaba patrullajes cuando detectó una caravana de más de 50 vehículos que intentaba salir a Bolivia por un paso no habilitado, eludiendo los controles aduaneros y policiales.

Al proceder a su fiscalización, se lograron interceptar diez camiones y otros siete vehículos, deteniendo a 14 hombres, una mujer y un adolescente -12 de ellos bolivianos y 4 chilenos-, quienes buscaban sacar clandestinamente del territorio nacional diversas mercancías de origen extranjero como fardos de ropa, sacos con calzado, mochilas, uniformes, motores, partes de camiones y chatarra, entre otras, sin contar con documentación aduanera ni control fiscal, y con un valor aduanero total cercano a los US$245.000.

El fiscal Torres explicó además que las diligencias desarrolladas luego de la detención, permitieron determinar que los imputados conformaban una organización criminal dedicada al contrabando de vehículos y mercadería, quienes actuaban concertadamente y con distribución de funciones, manteniendo comunicación vía whatsapp, coordinando rutas de traslado, monitoreando la presencia policial y organizando la logística para evadir los controles fronterizos.

La Fiscalía, junto al abogado querellante de Aduanas, solicitó que todos los imputados quedaran privados de libertad, accediendo el juzgado de garantía de Pozo Almonte a decretar la prisión preventiva de todos los adultos. En el caso del adolescente, el magistrado solo decretó el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y sujeción a la vigilancia de la autoridad. Se fijó un plazo de investigación de 90 días.

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