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Contraloría detecta que 910 funcionarios públicos apostaron más de $11 mil millones en casinos pese a prohibición legal

La Contraloría General de la República detectó que 910 funcionarios públicos y municipales, pertenecientes a 371 entidades del Estado, realizaron transacciones en casinos de juego por un total de $11.490 millones, pese a tener prohibición legal para apostar.

Los hechos se registraron entre enero de 2024 y junio de 2025, según el informe consolidado del organismo fiscalizador.

De acuerdo con el reporte, 181 funcionarios concentran el 96,8% del total apostado, equivalente a más de $11.118 millones. En estos casos, la Contraloría advirtió que los montos no se condicen con el nivel de remuneraciones de los involucrados.

El análisis se basó en el cruce de datos entre el registro de funcionarios que administran o custodian fondos públicos —quienes deben rendir caución— y la información de clientes que realizaron operaciones en casinos, proporcionada por la Superintendencia de Casinos de Juego.

Según la normativa vigente, específicamente la Ley N° 19.995, estos funcionarios tienen expresamente prohibido realizar apuestas en casinos.

No obstante, el informe también advierte posibles deficiencias en la información entregada por los operadores de casinos, lo que podría implicar inconsistencias en los registros.

Entre las instituciones con funcionarios que registran mayores montos apostados figuran Carabineros, la Fuerza Aérea, la Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones, municipalidades y otros organismos del Estado.

Solo los 20 mayores montos transados superan los $5.392 millones, correspondientes a funcionarios en cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos.

A partir de estos antecedentes, la Contraloría informó que remitirá el listado de los 910 funcionarios a la Superintendencia de Casinos de Juego para que inicie fiscalizaciones y eventuales sanciones.

Asimismo, enviará los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades para que instruyan sumarios administrativos, además de remitirlos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para los fines que correspondan.

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