Preocupación generó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados el anuncio del Gobierno de aplicar un recorte presupuestario en el área, que alcanzaría los $72.669 millones.
En su primera exposición ante la instancia, la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, y el subsecretario Andrés Jouannet confirmaron que la rebaja del 3% instruida por el Presidente afectará principalmente el gasto en personal y bienes de consumo de las policías.
Del total del ajuste, más de $25.780 millones corresponden a gasto en personal, principalmente por cargos a honorarios que no serán reemplazados. A ello se suman recortes en programas vinculados al seguimiento de causas judiciales, combate al crimen organizado, convenios con la DGAC y planes como Calle Sin Violencia y Barrios Prioritarios.
En el caso de Carabineros, el recorte considera cerca de $11 mil millones en personal y otros $4.700 millones en bienes de consumo. Según explicó el subsecretario Jouannet, estos ajustes se concentran en ítems subejecutados durante 2025, por lo que —según la autoridad— no debieran generar un impacto significativo.
Una situación similar se proyecta para la PDI y la Agencia de Ciberseguridad, aunque se anticipó que algunos proyectos deberán ser postergados para el próximo año.
Críticas desde el Congreso
Pese a estas explicaciones, parlamentarios de distintos sectores manifestaron reparos. La diputada Gloria Naveillan advirtió sobre eventuales efectos en la mantención del parque vehicular y en la contratación de personal policial.
En la misma línea, los diputados Bernardo Salinas y Enrique Bassaletti llamaron a resguardar la persecución penal, mientras que Mauro González pidió precisar qué se entiende por “temas sensibles”, para asegurar que no se afecte el funcionamiento de las policías.
Otros legisladores, como Juan Valenzuela y Tatiana Urrutia, cuestionaron la señal que implica reducir recursos en seguridad, especialmente en áreas como la Agencia de Ciberseguridad y programas de prevención. En tanto, Omar Sabat y Patricio Pinilla calificaron la medida como insuficiente frente a las necesidades actuales.
Otros temas: macrozonas y agenda legislativa
Durante la sesión, el subsecretario Jouannet abordó también la situación en la macrozona sur, señalando que los hechos de violencia han disminuido en regiones como Los Ríos, Los Lagos y Biobío, aunque reconoció un aumento cercano al 33% en La Araucanía. En ese contexto, se proyecta mantener el estado de excepción con mayor coordinación.
Respecto de la macrozona norte, la ministra Steinert detalló los avances del denominado “escudo fronterizo”, que contempla zanjas, uso de drones y mayor presencia de personal en la frontera.
Además, informó sobre la detención de 2.905 personas con órdenes pendientes y adelantó que se sumarán nuevas instituciones a estas labores.
En materia legislativa, el Gobierno definió 13 proyectos con urgencia en seguridad pública, entre ellos iniciativas sobre juicio en ausencia, lavado de activos y protección de identidad de funcionarios de Gendarmería.
Finalmente, sobre el proyecto que regula el uso de la fuerza (RUF), actualmente en comisión mixta, el subsecretario indicó que existen once puntos en discusión que deberán resolverse en las próximas semanas.
