La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 14 funcionarios públicos y municipales en la región de Tarapacá realizaron transacciones vinculadas a juegos de azar en casinos, pese a la prohibición legal por sus cargos en la administración y custodia de fondos públicos.
Según información recabada por Radio Paulina, los trabajadores de los organismos públicos en la región transaron $13.911.944 entre enero de 2024 y junio de 2025.
El ente contralor estableció que tres funcionarios de la Municipalidad de Alto Hospicio realizaron transacciones por $7.353.024, siendo el mayor monto utilizado por trabajadores de la región en juegos de azar de casinos.
Le sigue el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Tarapacá donde se reportó que un funcionario realizó transacciones por $3.409.980.
En el caso del Municipio de Iquique, la Contraloría detectó que cuatro funcionarios de su repartición realizaron apuestas en casinos por $2.517.440 en circunstancias que tenían prohibición de hacerlo.
La CGR también determinó que dos trabajadores del Gobierno Regional (Gore) de Tarapacá hicieron transacciones en casinos por $505.000, pese a que la ley se los prohíbe.
Por último, el ente fiscalizador detectó que 3 funcionarios de la Universidad de Tarapacá (UTA) y un trabajador del Municipio de Pica tenían prohibición legal de apostar en casinos, transando $81.550 y $44.950, respectivamente.
Acciones de los organismos públicos de Tarapacá
A partir de estos antecedentes, la Contraloría remitió a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado de los funcionarios involucrados, para que ejerza sus facultades de fiscalización, investigación e instruya los procedimientos sancionatorios que correspondan.
También envió los antecedentes a los respectivos servicios públicos y municipalidades, a fin de que inicien los procedimientos disciplinarios y determinen eventuales responsabilidades administrativas.
Adicionalmente, remitirá los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para los fines que estimen pertinentes en el ámbito de sus atribuciones.
Consultado al respecto, la Municipalidad de Alto Hospicio indicó a Radio Paulina que el pasado 23 de marzo fueron notificados por la Contraloría.
Debido a ello, el municipio está en proceso de instruir un sumario administrativo para esclarecer esta situación y, por la naturaleza de la investigación, el informe se mantiene reservado.
Por su parte, el Serviu Tarapacá informó que el 24 de marzo fueron notificado formalmente por la CGR “respecto de los antecedentes asociados a eventuales incumplimientos de prohibiciones legales vinculadas a funcionarios públicos”.
“En atención a lo instruido por el órgano contralor, el servicio iniciará los procedimientos administrativos correspondientes, conforme a lo establecido en el Estatuto Administrativo vigente, con el objeto de esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y adoptar las medidas que procedan en el marco de la normativa aplicable”, detallaron en una declaración.
El servicio reiteró “el compromiso institucional con el cumplimiento irrestricto de la probidad administrativa, la transparencia en la gestión pública y la colaboración con las instancias fiscalizadoras competentes durante el desarrollo de las investigaciones”.
En tanto, desde el Gore de Tarapacá señalaron a este medio que, a la fecha, no han sido notificados de casos de funcionarios de su repartición que hayan apostado en casinos.
Por último, la Municipalidad de Iquique indicó a Radio Paulina que “ya están identificados los funcionarios pero, por ahora, se deben mantener en reserva las identidades de los mismos, por el principio de secreto del sumario, mientras estos se tramitan”.
“En segundo lugar, la Ley N°19.995 artículo 10 letra b) prohíbe a los funcionarios municipales que custodien fondos públicos realizar transacciones en los casinos de juego. Al ser una prohibición legal, esta se aplica por el solo ministerio de la ley”, agregaron.
Respecto a las medidas adoptadas, la casa edilicia aseguró que el alcalde Mauricio Soria “instruyó un sumario administrativo para establecer las responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan”.
