La Contraloría General de la República dio un plazo de diez días a la ministra de Seguridad, María Trinidad Steinert, y al director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, para que brinden información sobre el oficio reservado que solicitó la exfiscal sobre funcionarios de la PDI que investigaban una causa relativa al Clan Chen y de la cual la abogada formaba parte como líder del Ministerio Público en Tarapacá.
Esto luego que el diputado Raúl Leiva, integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, hiciera una petición de pronunciamiento a la Contraloría. Lo anterior dado que se ha cuestionado el actuar de Steinert al solicitar información respecto a una causa en curso, lo que ha abierto un debate legal respecto a sus atribuciones.
Además, tras la entrega del oficio, la ministra había definido solicitar el retiro de la prefecto Consuelo Peña, tercera antigüedad en el alto mando de la PDI y quien pidió el traslado de los oficiales que trabajaron con Steinert en la causa de Tarapacá.
En concreto, Steinert envió un oficio a Cerna el 13 de marzo pasado, dos días después de haber asumido como ministra, con el fin de conocer información detallada sobre los funcionarios policiales que participaron de la investigación del Clan Chen. La autoridad pedía que se informara sobre su trabajo en la causa, sus destinaciones posteriores y si, además, contaban con sanciones.
El 20 de marzo, y luego de haber sido respondido el oficio por parte de la PDI, se le solicitó el retiro a Peña. Con el requerimiento de la Contraloría, se busca esclarecer si es que hubo una consecución de hechos que derivó en la salida de la hoy ex PDI.
En tanto, el próximo lunes el líder de la PDI está citado al Congreso Nacional para referirse a la causa, mientras que el presidente José Antonio Kast ha asegurado que la decisión del retiro de Peña respondió a la institucionalidad de la PDI.
