El Tribunal Federal de Australia dictaminó el martes que Adriana Elcira Rivas, acusada de ser torturadora y secuestradora al servicio de la dictadura de Augusto Pinochet en la década de 1970, será extraditada a Chile para comparecer ante la justicia por las acusaciones de secuestro tras perder su batalla legal de siete años para permanecer en Sídney.
La ex niñera y limpiadora de más de 70 años está acusada de participar en la desaparición de siete personas en 1976 , entre ellas una mujer que estaba embarazada de cinco meses, mientras trabajaba para la policía secreta de Pinochet.
Además, la justicia chilena sostiene que en 1974 Elcira Rivas integraba la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y se convirtió “en miembro activo de un grupo operativo conocido como Brigada Lautaro”, responsable de la tortura física y psicológica de opositores al régimen.
“Se alega que la DINA operaba de manera encubierta como parte de un aparato estatal dedicado a la detención, tortura y desaparición de opositores políticos, incluidos miembros del Partido Comunista de Chile, y que la Brigada Lautaro participó en dichas actividades. Chile alega que, en esa calidad, el solicitante estuvo involucrado en una serie de arrestos en 1976”, se detalla en la sentencia del tribunal.
Según consigna The Guardian, Rivas emigró a Australia en 1978 y trabajó como niñera en Bondi antes de ser arrestada por la policía de Nueva Gales del Sur en 2019 a petición del gobierno chileno.
La acusada lleva siete años detenida, ya que se resistió a los intentos de extraditarla a Chile para que sea juzgada por siete cargos de secuestro agravado. Además, ella niega las acusaciones y ha argumentado que su extradición debería ser bloqueada porque resultaría en que fuera juzgada por crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el juez Michael Lee declaró ante el tribunal federal de Sídney que el argumento de que los delitos habían sido malinterpretados era “erróneo”.
“Los documentos presentados no sugieren que el delito por el que se solicita la extradición sea distinto de los delitos identificados en toda la solicitud… a saber, secuestro agravado”, dijo el magistrado.
Asimismo, el juez determinó que la alegación de Rivas de que el gobierno no tuvo en cuenta que el plazo para enjuiciar los delitos de secuestro había expirado era igualmente errónea.
“El solicitante no ha logrado demostrar que la decisión del ministro se viera afectada por un error de jurisdicción”, añadió Lee.
