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Contraloría lanza RADAR y detecta más de $1 billón en compras por trato directo

El nuevo sistema de alerta temprana identificó riesgos en compras realizadas por municipios, gobiernos regionales y la Subdere entre 2024 y 2025.

La Contraloría General de la República presentó este martes la herramienta RADAR, un sistema de análisis preventivo destinado a detectar riesgos en la gestión de recursos públicos dentro de la Administración del Estado.

RADAR, sigla de Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo, utiliza grandes volúmenes de información para identificar eventuales irregularidades antes de que se transformen en hechos concretos.

En su primera edición, el sistema analizó las compras públicas efectuadas por municipalidades, gobiernos regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo entre enero de 2024 y mayo de 2025.

El informe detectó 556.222 órdenes de compra realizadas mediante trato directo o contratación excepcional directa con publicidad, mecanismos que la ley considera de carácter excepcional.

Según el reporte, estas operaciones involucraron más de un billón de pesos, equivalente a 1,167 billones de pesos.

La Contraloría advirtió que el uso reiterado de estas modalidades constituye un riesgo, ya que no siempre existirían los fundamentos jurídicos y técnicos necesarios para justificar procedimientos que deben utilizarse solo en casos especiales.

Otra alerta detectada por RADAR apunta a posibles vínculos entre funcionarios que participan en procesos de compra y proveedores de reciente creación, lo que podría configurar conflictos de interés.

Estas operaciones suman más de 889 millones de pesos, según el documento.

La contralora Dorothy Pérez aclaró que el informe no presume la existencia de irregularidades ni actos de corrupción, sino que busca advertir escenarios de riesgo.

“La herramienta tiene un enfoque de alerta temprana, orientado a advertir situaciones que, de no gestionarse a tiempo, podrían derivar en conflictos de interés o afectar los principios de probidad e imparcialidad”, señaló.

La Contraloría indicó que, si alguna de estas alertas se transforma en hechos concretos, podrían abrirse fiscalizaciones específicas, sumarios administrativos o incluso denuncias ante el Ministerio Público.

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