La diputada independiente IND-UDI, Ximena Naranjo Pinto, respaldó las medidas anunciadas por el Gobierno para enfrentar la violencia escolar, aunque advirtió que la discusión debe incorporar la realidad que viven los establecimientos de la Región de Tarapacá.
La parlamentaria valoró particularmente el proyecto “Escuelas Protegidas”, impulsado por el Ejecutivo, el que contempla sanciones frente a hechos graves de violencia en recintos educacionales, incluyendo restricciones al acceso a beneficios estatales para personas condenadas por delitos que afecten la convivencia escolar o la infraestructura pública.
“Es importante avanzar en medidas que establezcan consecuencias claras. No puede dar lo mismo cumplir o no las normas. Los beneficios del Estado deben estar vinculados también a la responsabilidad y al respeto por los demás”, sostuvo Naranjo.
Sin embargo, la diputada afirmó que el debate no puede limitarse únicamente a las sanciones y llamó a abordar el contexto que enfrentan muchas comunidades educativas del norte del país.
Según indicó, en comunas como Iquique y Alto Hospicio factores como la migración irregular, el narcotráfico, el crimen organizado y la falta de apoyo institucional terminan impactando directamente la convivencia al interior de los establecimientos.
“En Tarapacá, particularmente en comunas como Iquique y Alto Hospicio, vemos cómo fenómenos como la migración irregular, el narcotráfico y la falta de apoyo institucional terminan permeando los colegios. Por eso, además de sanciones, necesitamos una intervención integral”, afirmó la parlamentaria.
En esa línea, Naranjo sostuvo que la seguridad en los establecimientos educacionales debe transformarse en una prioridad para el Estado.
“No podemos normalizar que profesores y estudiantes tengan miedo. La escuela debe volver a ser un espacio seguro, de formación y de oportunidades, especialmente en zonas donde la vulnerabilidad es más alta”, señaló.
Asimismo, la diputada planteó que las medidas deben contemplar mecanismos de evaluación caso a caso, especialmente cuando los involucrados son menores de edad. A su juicio, las sanciones deben ir acompañadas de procesos efectivos de reinserción.
“Las sanciones deben ir de la mano con procesos reales de reinserción. No se trata solo de castigar, sino de corregir conductas y evitar que estos jóvenes queden fuera del sistema”, indicó.
Finalmente, Ximena Naranjo reiteró su disposición a respaldar iniciativas que fortalezcan la convivencia escolar, pero insistió en que estas deben implementarse con una mirada descentralizada y considerando la situación particular de Tarapacá.
“La Región de Tarapacá necesita respuestas concretas y urgentes. Recuperar la autoridad en las salas de clase es clave, pero también lo es hacerse cargo de las realidades locales que están detrás de esta crisis”, concluyó.
