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RN descarta sanciones a Camila Flores y apela a la presunción de inocencia

Renovación Nacional descartó aplicar sanciones inmediatas a la senadora Camila Flores, luego de que se conociera la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso por presunto fraude al Fisco y otros delitos funcionarios.

La presidenta de RN, Andrea Balladares, señaló que el partido respetará la presunción de inocencia mientras la causa permanezca en etapa investigativa.

“Creemos en el principio de inocencia”, afirmó la dirigenta, quien además pidió celeridad a la Fiscalía para esclarecer los hechos.

Balladares agregó que, en caso de que la parlamentaria sea formalizada, el partido evaluará eventuales medidas internas. Asimismo, recordó que RN ha suspendido anteriormente los derechos de militantes formalizados, aunque subrayó que, hasta ahora, no existe una formalización ni acusación concreta contra la senadora.

En paralelo, el abogado de Camila Flores, Luis Masferrer, desestimó las acusaciones y aseguró que los antecedentes son falsos.

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A las declaraciones se sumó la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien sostuvo que, por ahora, existe únicamente una denuncia anónima que debe ser investigada por el Ministerio Público.

“Lo que hay en contra de la senadora Flores es una denuncia anónima que, evidentemente, el Ministerio Público tiene que recoger e investigar”, indicó.

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La senadora agregó que, junto con el trabajo de la Fiscalía, también debe respetarse la presunción de inocencia que ampara a cualquier persona investigada.

Núñez planteó además que el Senado podría fortalecer sus mecanismos de control interno y no descartó una eventual revisión desde la Contraloría del Congreso.

La investigación contra Camila Flores se originó tras una denuncia anónima presentada en octubre de 2025, que acusa a la parlamentaria de haber exigido a parte de sus colaboradores dinero en efectivo proveniente de sus remuneraciones, mecanismo que habría sido conocido como “la cuota Flores”.

Según los antecedentes, esta práctica se habría extendido entre 2018 y 2025 y habría involucrado cerca de 300 millones de pesos.

La causa permanece bajo reserva y está siendo indagada por la Unidad Regional Anticorrupción y el OS9 de Carabineros.

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