El noveno y último integrante de una asociación ilícita dedicada al tráfico de vehículos entre Chile y Bolivia fue formalizado por la Fiscalía de Iquique, luego de ser detenido en Alto Hospicio tras permanecer prófugo por varios meses.
Se trata de E.I.G.C., chileno de 33 años, quien era buscado desde octubre de 2025, cuando la Fiscalía Local de Iquique y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI ejecutaron el denominado “Operativo Correcaminos”, procedimiento que permitió detener a otros ocho integrantes de la organización.
La investigación estableció que la banda operaba desde 2024 y contaba con brazos operativos en la zona central del país, donde sustraían vehículos que posteriormente eran trasladados hasta Tarapacá utilizando placas patentes falsas. Una vez en la región, los automóviles eran comercializados a ciudadanos bolivianos e internados a Bolivia por pasos no habilitados.
La abogada asistente de la Fiscalía, María Alejandra Jorquera, explicó que la organización fue detectada mediante diligencias conjuntas con la PDI, que incluyeron vigilancias, interceptaciones telefónicas y análisis de cámaras de seguridad.
Según la persecutora, el imputado tenía un rol activo dentro de la banda, ya que facilitaba su domicilio en Alto Hospicio para el acopio de drogas y armamento pertenecientes a la organización criminal.
Durante el allanamiento realizado en octubre del año pasado en su vivienda, el sujeto no fue encontrado. Sin embargo, en el lugar se incautaron 55 kilos de cannabis sativa, ketamina líquida contenida en 135 frascos, además de tres armas de fuego y municiones vinculadas a la agrupación.
En ese mismo operativo fueron detenidos los dos líderes de la banda en Chile y también el jefe de la organización boliviana encargada de recibir y adquirir los vehículos robados.
Finalmente, E.I.G.C. fue detenido este miércoles en Alto Hospicio durante un control preventivo efectuado por Carabineros, debido a que mantenía una orden de detención vigente.
La Fiscalía lo formalizó por los delitos de asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones.
A solicitud del Ministerio Público, el tribunal decretó la prisión preventiva del imputado, al estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, manteniendo además el plazo de investigación de 120 días fijado anteriormente para el resto de la banda.
