La delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia Cifuentes, realizó un balance del primer mes del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, destacando un fuerte despliegue en terreno, la coordinación con las policías y una serie de medidas orientadas a reforzar la seguridad, el control migratorio y la probidad en el uso de los recursos públicos.
Según explicó la autoridad, durante estas primeras semanas el trabajo se ha concentrado en fortalecer la presencia del Estado en el territorio y mejorar la articulación entre las distintas instituciones.
En ese contexto, detalló que se han realizado reuniones permanentes con Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fuerzas Armadas, seremis y distintos servicios públicos, con el objetivo de reforzar las estrategias de seguridad en la región.
“Este primer mes ha sido de mucho trabajo en terreno, con foco en la seguridad de Tarapacá y en estar presentes donde la ciudadanía lo necesita. Hemos fortalecido la coordinación con las policías, con monitoreo permanente, comités policiales activos y operativos concretos. Aquí no venimos a administrar, venimos a ordenar, a hacernos cargo y a trabajar con la comunidad para recuperar la tranquilidad en nuestra región”, afirmó la delegada.
La autoridad también destacó la agenda legislativa impulsada por el Gobierno en materia de seguridad y control migratorio. Entre las iniciativas mencionó el proyecto “Escuelas Protegidas”, que busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales, así como modificaciones al Código Penal para establecer agravantes en delitos cometidos al interior de recintos educacionales.
Asimismo, la delegada sostuvo que el Ejecutivo ha querido dar una señal clara de rechazo a los hechos de violencia ocurridos en espacios educativos y universitarios, reafirmando que “la violencia no tiene cabida en la vida democrática del país”.
Otro de los ejes destacados por la autoridad fue la denominada “Inspección Total al Estado”, una revisión extraordinaria al uso de recursos fiscales en más de 500 servicios públicos del país.
De acuerdo con la delegada, esta fiscalización involucra a más de mil auditores internos y ya permitió detectar alertas de riesgo en áreas como transferencias de recursos, compras públicas, contratos y dotaciones de personal.
Adriana Tapia sostuvo que esta medida busca asegurar un uso adecuado de los recursos públicos y reforzar la probidad en la administración del Estado.
“Este primer mes de Gobierno ha estado marcado por decisiones concretas que buscan recuperar el orden, fortalecer la seguridad y cuidar los recursos públicos. La Inspección Total al Estado es una señal clara de que aquí no se viene a mirar para el lado, sino a asegurar que cada peso se use bien y llegue donde corresponde”, señaló.
