El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) condenó a tres ex funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad y un ex trabajador de una empresa como autores de delitos de corrupción por realizar acciones para favorecer a constructoras que realizaban obras públicas en Arica.
En total son 10 los condenados por este caso, ya que el año pasado otros 6 acusados fueron sancionados en juicios abreviados. La sentencia se dará a conocer el próximo día viernes 8 de mayo en el Tribunal de Juicio Oral de Arica.
La indagatoria inició en 2023, estableciendo la participación de funcionarios de la Dirección Regional de Vialidad, quienes recibieron pagos ilícitos para fiscalizar y aprobar distintas obras públicas en esta ciudad y adjudicarse proyectos mediante una empresa de fachada.
Tres de los acusados que enfrentaron el juicio oral eran funcionarios públicos, mientras que otros acusados corresponden a trabajadores de una empresa constructora que se adjudicó dichos trabajos en la zona y por los cuales se concretaron pagos ilícitos.
En tanto, otras dos personas son cónyuges de los funcionarios públicos que estaban al tanto de los ilícitos. Los delitos imputados son fraude al fisco, cohecho, soborno y lavado de activos, entre otros hechos.
La investigación de la Fiscalía junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI Arica estableció que, en su calidad de fiscalizadores de obras y contratos y otros roles al interior de Vialidad, los funcionarios públicos favorecieron a las constructoras que ejecutaban trabajos en Arica, recibiendo millonarios pagos por ello.
Uno de los hechos investigados corresponde a los trabajos de mejoramiento de la calle Guillermo Sánchez, ejecutados por la constructora F.V. En este contexto, se estableció que la fiscalizadora de Vialidad de iniciales L.M.H., y su cónyuge C.D.H., conformaron la sociedad DELMEDH SPA, adjudicándose una obra menor de este proyecto, cobrando la suma de $49.739.148.
Sin embargo, los imputados subcontrataron a una tercera empresa que fue la que finalmente ejecutó los trabajos y que cobró la suma de $32.130.001. De esta forma, el matrimonio se quedó con la diferencia de ambos montos ($17.608.147). Toda esa acción ilícita fue concertada y aprobada además por el fiscalizador general del contrato y amigo de ambos G.L.F.
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