La Contraloría General de la República detectó la participación de consejeros regionales de Tarapacá en votaciones de proyectos vinculados a instituciones con las que mantienen relaciones laborales o familiares, configurando potenciales conflictos de interés.
De acuerdo con el oficio N° OF77470/2026 , la revisión incluyó iniciativas aprobadas durante 2025 en el Consejo Regional, donde se constató la intervención de autoridades que no se habrían abstenido pese a sus vínculos.
Entre los casos identificados, se encuentra la aprobación del proyecto “Reposición de buses para la Ilustre Municipalidad de Iquique”, con un financiamiento de $1.038 millones, instancia en la que participó el consejero Lautaro Lobos Lara, quien se desempeña como funcionario de dicha municipalidad.
Asimismo, se detectó la aprobación de la iniciativa “Adquisición de buses de acercamiento para funcionarios del Departamento de Salud de Pozo Almonte”, por $597 millones, en cuya votación intervino Hugo Estica Esteban, ex secretario general de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de esa comuna (CORMUDESPA).
Otro de los antecedentes apunta a la aprobación de la concesión gratuita de un terreno en favor de la Municipalidad de Alto Hospicio, donde participaron las consejeras Giovanna Trincado Avilés, funcionaria municipal, y Anally Ferreira Herrera, hija del alcalde de la comuna.
Además, el informe da cuenta de la participación de estas autoridades en sesiones de comisión donde se abordaron materias relacionadas con la situación social en Alto Hospicio, instancia en la que también existían vínculos directos con la administración comunal.
Falta de abstención
Para la Contraloría, estos antecedentes evidencian un eventual incumplimiento del deber de abstención, principio que obliga a las autoridades a marginarse de decisiones cuando existan circunstancias que puedan afectar su imparcialidad, incluso si el conflicto es solo potencial.
El organismo recordó que este deber está establecido en la normativa sobre probidad administrativa y que su aplicación debe evaluarse caso a caso por las autoridades competentes.
Omisiones en declaraciones
La investigación también confirmó que los consejeros involucrados no declararon sus vínculos laborales en sus respectivas Declaraciones de Intereses y Patrimonio, incumpliendo la Ley N° 20.880.
En específico, Giovanna Trincado es funcionaria de la Municipalidad de Alto Hospicio; Lautaro Lobos, de la Municipalidad de Iquique; y Hugo Estica, ex directivo de CORMUDESPA. En tanto, Anally Ferreira mantiene un vínculo familiar directo con el alcalde de Alto Hospicio.
Alcances del informe
Pese a los hallazgos, la Contraloría precisó que la determinación de eventuales infracciones al principio de probidad en estas votaciones corresponde al Tribunal Electoral Regional, por lo que no emitió sanciones en esta materia.
No obstante, instruyó al Gobierno Regional adoptar medidas para prevenir conflictos de interés y reforzar el cumplimiento del deber de abstención en futuras decisiones.
