Este lunes comenzó a regir la segunda fase de la Ley de 40 Horas, que reduce la jornada laboral semanal desde 44 a 42 horas en todo el país, en el marco de la implementación gradual de la normativa.
Sin embargo, la entrada en vigencia estuvo marcada por cuestionamientos desde la oposición a los dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo (DT), que regulan cómo debe aplicarse esta rebaja.
Las críticas apuntan a que estos lineamientos permitirían a los empleadores implementar la reducción incluso sin acuerdo con los trabajadores, lo que —según parlamentarios— iría en contra del espíritu de la ley.
La senadora Karol Cariola, una de las impulsoras de la normativa, sostuvo que los dictámenes “relativizan el acuerdo entre el empleador y el trabajador” y podrían dejar fuera a algunos trabajadores de la reducción de jornada.
Además, advirtió que se estarían flexibilizando las excepciones, ampliando los casos en que ciertos trabajadores quedarían excluidos del límite de horas.
Desde el oficialismo, la diputada Ximena Ossandón defendió la implementación, señalando que se ajusta a lo aprobado y que busca resguardar el empleo.
En esa línea, explicó que los dictámenes entregan criterios especialmente para sectores donde no existe una jornada definida, como el turismo, permitiendo una aplicación flexible.
Por su parte, el director de la Dirección del Trabajo, David Oddó, indicó que el mecanismo principal es el acuerdo entre empleadores y trabajadores, pero que en caso de no existir, la normativa establece fórmulas claras para aplicar la reducción.
Entre ellas, distribuir la rebaja en distintos días de la semana, dependiendo de si la jornada laboral se extiende por cinco o seis días.
La implementación de la Ley de 40 Horas continuará de manera gradual hasta alcanzar el límite de 40 horas semanales en los próximos años.
