El Gobierno de Perú decidió ampliar el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y la provincia del Callao por un plazo de 60 días, con el objetivo de combatir la ola de inseguridad, el sicariato,la extorsión y otras situaciones de violencia en el país vecino.
La prórroga fue oficializada a través de un Decreto Supremo y entra en vigencia a partir del 29 de abril. La norma detalla que la Policía Nacional del Perú (PNP) seguirá a cargo del control del orden interno, contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Las zonas de intervención conjunta serán definidas mediante labores de inteligencia, indicadores y mapas del delito.
De acuerdo con el dispositivo legal, durante los 60 días de prórroga se mantendrá la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales dentro de las circunscripciones mencionadas.
El decreto también establece lineamientos claros para las concentraciones ciudadanas. Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, los organizadores deberán solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su respectiva evaluación técnica y de seguridad.
Asimismo, el documento precisa que las reuniones o actividades que no tengan un carácter masivo podrán llevarse a cabo con normalidad y sin necesidad de tramitar un permiso previo.
La recomendación para extender esta medida de excepción fue formulada por la Comandancia General de la PNP, sustentada en diversos informes policiales que advierten sobre la perturbación del orden interno y el accionar de bandas criminales.
