El pleno de la Corte Suprema de Chile emitió una serie de observaciones al denominado “Proyecto de Ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social”, iniciativa impulsada por el Gobierno que actualmente se tramita en el Congreso.
El informe fue analizado por el tribunal pleno el pasado 4 de mayo y posteriormente remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile.
En el documento, la Corte Suprema sostiene que el proyecto introduce modificaciones relevantes al régimen de evaluación ambiental, al sistema de impugnación de Resoluciones de Calificación Ambiental y a las competencias de los Tribunales Ambientales.
Uno de los principales puntos observados corresponde al nuevo artículo 24 ter de la Ley 19.300, respecto del cual el máximo tribunal advirtió falta de claridad normativa y posibles problemas de interpretación.
Según el informe, la propuesta busca concentrar las impugnaciones ambientales en la judicatura especializada y restringir vías administrativas generales, pero no define con precisión si se trata de una regla excepcional o de una modificación estructural al sistema vigente.
Además, la Corte cuestionó que no exista armonización con las normas de legitimación activa de la Ley 20.600, lo que podría generar incertidumbre sobre quiénes estarían habilitados para ejercer acciones judiciales.
Otro de los aspectos observados corresponde al mecanismo de restitución de gastos directos y efectivos, que permitiría al Estado asumir costos derivados de inversiones privadas cuya resolución ambiental haya sido anulada judicialmente.
Sobre este punto, el máximo tribunal advirtió que la norma requiere mayores resguardos y propuso exigir criterios como buena fe del titular, ausencia de responsabilidad en el vicio detectado y razonabilidad de los gastos reclamados.
La Corte Suprema también formuló observaciones respecto de las medidas cautelares ambientales contempladas en el proyecto, especialmente sobre sus límites temporales y el sistema de apelaciones.
Pese a las críticas, el pleno valoró que la iniciativa busque fortalecer la certeza jurídica, la especialización jurisdiccional y la racionalización de procedimientos ambientales, aunque insistió en la necesidad de introducir ajustes relevantes antes de su eventual aprobación.
