El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aclaró que la propuesta del Ejecutivo para que instituciones de salud, previsionales y educaciones entreguen información sobre migrantes irregulares, solo aplica “cuando se verifica un proceso de expulsión”.
La autoridad de Gobierno fue consultada sobre la iniciativa y explicó que la expulsión administrativa está sujeta a formalidades y a pasos, ya que todo proceso de expulsión parte con una notificación personal al domicilio donde se informa que van a ser deportados.
Sin embargo, el subsecretario señaló que existe un problema para concretar el proceso y es que cuando las instituciones quieren notificar al migrante y echar andar el proceso, las personas muchas veces cambian su domicilio.
Es por ello que se acude a las instituciones mencionadas, a quienes les solicitarían información con la finalidad de saber dónde están las personas para poder materializar los procedimientos de expulsión.
Pavez fue enfático en aclarar que aquello solo se realizaría cuando se verifica un proceso de expulsión y aseguró que sólo en ese caso, la autoridad competente podrá oficiar reservadamente a cualquier institución del Estado o previsionales, de educación y salud, público o privado.
La autoridad añadió que la información que obtengan “es para hacerle las notificaciones respectivas” y afirmó que “no hay una obligación de reporte ni de denuncia”.
