El ministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, defendió el proyecto impulsado por el Presidente José Antonio Kast que busca ampliar desde cinco a sesenta días hábiles el plazo máximo de retención de migrantes sujetos a procesos de expulsión administrativa o judicial.
La iniciativa forma parte de la agenda migratoria del Ejecutivo y requerirá modificaciones legales y constitucionales para su implementación.
Según explicó Alvarado, el objetivo principal de la propuesta es otorgar más tiempo a las autoridades para completar los trámites necesarios que permitan materializar las expulsiones.
“Esa retención por mayor número de días dice relación con la opción y la posibilidad de poder realizar los trámites pertinentes oportunamente para una expulsión. Hoy día, el plazo máximo de cinco días muchas veces impide que esos procedimientos de expulsión se puedan materializar”, señaló.
El ministro indicó que el Gobierno busca avanzar primero en la reforma constitucional y posteriormente adecuar la Ley de Migraciones para establecer las nuevas condiciones de retención.
Consultado por la capacidad actual para mantener a personas retenidas durante períodos más extensos, Alvarado reconoció que hoy existen limitaciones y que será necesario habilitar nuevos espacios.
La autoridad respondió así a las observaciones formuladas por exautoridades migratorias, quienes han señalado que actualmente solo el cuartel San Francisco cuenta con condiciones para este tipo de procedimientos.
“Si estamos planteando una reforma para un mayor número de días, que supone un mayor número de personas, indudablemente que eso es parte del trabajo que tenemos que realizar para poder cumplir con lo que nosotros mismos estamos proponiendo”, afirmó.
En ese sentido, agregó que el Ejecutivo evalúa distintas alternativas, entre ellas ampliar la capacidad de los recintos existentes o habilitar nueva infraestructura especializada.
“Hay que habilitar recintos que permitan retener a las personas. Puede ser ampliar los espacios existentes, habilitar nueva infraestructura, pero en definitiva esto se enmarca dentro de un plan integral. No tiene ningún sentido ampliar plazos y después no tener cómo mantener a esas personas”, sostuvo.
El proyecto forma parte de las medidas anunciadas por el Gobierno para reforzar el control migratorio y facilitar la ejecución de expulsiones de personas que permanezcan irregularmente en el país.
