La contralora general de la República, Dorothy Pérez, respondió públicamente a las publicaciones que la vinculan con supuestas gestiones realizadas por el abogado Luis Hermosilla en el marco del recurso judicial que presentó en 2018 para revertir su salida de la Contraloría.
A través de una columna publicada en El Mercurio, titulada “Pilares de la democracia”, Pérez afirmó que no conoce a Hermosilla y aseguró que nunca solicitó ayuda al abogado, ni de manera directa ni a través de terceros.
“Pero no existe un solo mensaje mío en esas conversaciones. No existe ninguna alusión a que yo hubiera pedido o conocido gestiones del abogado Hermosilla, a quien no conozco y jamás le he solicitado nada, ni directamente ni por terceros”, sostuvo.
La contralora recordó que en 2018 interpuso un recurso de protección luego de que se le solicitara la renuncia al cargo de subcontralora y jueza de cuentas, acción que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente ratificada por la Corte Suprema.
Según explicó, las publicaciones recientes intentan instalar dudas sobre la legalidad de esos fallos judiciales pese a que, según afirmó, la autoridad recurrida perdió el caso por unanimidad.
Asimismo, cuestionó la procedencia de las supuestas conversaciones difundidas, señalando que habrían sido obtenidas desde un teléfono incautado en una investigación penal bajo reserva judicial.
“¿Cómo podrían haberlas obtenido sin que se cometiera el delito de violación de secreto?”, planteó.
Pérez también acusó errores e imprecisiones en algunas declaraciones posteriores al reportaje, asegurando que se han difundido antecedentes incorrectos respecto de su situación funcionaria y de los ministros que participaron en la causa.
Finalmente, sostuvo que este tipo de publicaciones no solo afectan su imagen personal, sino también la institucionalidad.
“Ello no solo daña mi honra, sino que daña a toda la institución”, afirmó.
La contralora concluyó defendiendo la importancia de la libertad de prensa, aunque recalcó que su ejercicio debe estar acompañado de responsabilidad y verificación de los hechos para evitar la difusión de información errónea o especulativa.
