A dos meses de que la Contraloría General de la República advirtiera que consejeros regionales de Tarapacá participaron en votaciones vinculadas a organismos con los que mantenían relaciones laborales o familiares, sin inhabilitarse, el Gobierno Regional abrió una licitación por hasta $9 millones para capacitar al Consejo Regional en materias de probidad, fiscalización, conflictos de interés e inhabilidades.
La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución Exenta N.º 431 del 10 de junio de 2026, documento que aprueba las bases administrativas y técnicas para contratar un servicio de capacitación presencial dirigido a los 14 integrantes del Consejo Regional de Tarapacá.
Si bien el programa contempla contenidos generales sobre el funcionamiento institucional de los gobiernos regionales, una parte importante de la capacitación estará enfocada en materias que han estado bajo escrutinio público tras las observaciones realizadas por la Contraloría.
Entre los contenidos obligatorios figuran el deber de abstención, las inhabilidades e incompatibilidades del cargo, los conflictos de interés, la probidad administrativa, las facultades fiscalizadoras de los consejeros regionales y las consecuencias jurídicas derivadas de eventuales infracciones a estas normas.
La decisión se produce luego de que el organismo contralor detectara en abril que algunos consejeros participaron en votaciones relacionadas con municipalidades o entidades respecto de las cuales mantenían vínculos laborales o familiares, pese a que la normativa exige abstenerse cuando existen circunstancias que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones.
Según las bases de licitación, la capacitación deberá ser impartida por una universidad reconocida por el Estado y considerar una duración mínima de 12 horas presenciales.
El programa deberá incorporar talleres prácticos, análisis de casos reales y revisión de jurisprudencia administrativa, electoral y judicial actualizada, con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas y jurídicas de los consejeros.
Uno de los módulos estará dedicado exclusivamente a las funciones, atribuciones, inhabilidades e incompatibilidades del cargo, incluyendo el análisis de situaciones de conflicto de interés y el alcance legal del deber de abstención.
Asimismo, se contempla un bloque enfocado en el fortalecimiento del rol fiscalizador del Consejo Regional, abordando herramientas para el control presupuestario, revisión de auditorías, formulación de observaciones y seguimiento de la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos.
La capacitación se desarrollará en medio de un escenario de creciente escrutinio sobre el actuar de las autoridades regionales y los estándares de probidad exigidos a quienes participan en la toma de decisiones sobre recursos públicos.
De acuerdo con las bases, el objetivo es fortalecer el desempeño práctico, jurídico e institucional de los consejeros regionales, entregando herramientas que permitan aplicar correctamente las normas que regulan el ejercicio del cargo.
La licitación contempla un presupuesto máximo de $9 millones y la adjudicación considerará factores como la experiencia del oferente, la calidad del equipo académico y la pertinencia de los contenidos propuestos.
La medida surge en momentos en que continúa el debate sobre la transparencia y la probidad en los gobiernos regionales, especialmente tras las observaciones formuladas por la Contraloría respecto de votaciones en las que algunos consejeros no se habrían inhabilitado pese a mantener vínculos con entidades beneficiadas por acuerdos adoptados por el propio Consejo Regional.
