El ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que el Gobierno está estudiando una reforma al sistema de indemnización por años de servicio, argumentando que el actual mecanismo genera altos costos para las empresas y presenta distorsiones en el mercado laboral.
En entrevista con Emol TV, el secretario de Estado afirmó que Chile posee uno de los costos de despido más elevados entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“Hoy en día, la indemnización por años de servicio tiene un costo al despido que es muy alto para las empresas. Es uno de los más altos de los países desarrollados de la OCDE”, señaló.
Rau explicó que una de las alternativas en evaluación es avanzar hacia una indemnización a todo evento, sistema que permitiría a los trabajadores acceder a recursos acumulados independientemente de la causa de término de la relación laboral.
“Uno se podría llevar esa indemnización incluso si renuncia voluntariamente”, indicó.
El ministro argumentó que actualmente solo una parte de los trabajadores puede acceder a la indemnización tradicional.
“Un poco más del 20% de las relaciones laborales terminan por necesidades de la empresa; el resto termina por otras razones”, explicó.
Según detalló la autoridad, la propuesta podría financiarse mediante una cotización adicional de cargo del empleador cercana al 1,8%, que se sumaría a los aportes ya existentes al Seguro de Cesantía.
“El empleador tiene que poner una cotización que calculamos en torno al 1,8%, que sumada a la contribución al Seguro de Cesantía permitiría financiar esta indemnización a todo evento”, señaló.
Rau precisó que la idea está pensada principalmente para los nuevos contratos laborales, evitando afectar las condiciones de quienes ya llevan varios años trabajando bajo las reglas actuales.
El titular del Trabajo reconoció que la propuesta abrirá un amplio debate político y técnico.
Asimismo, planteó que el sistema vigente genera incentivos no deseados, como una mayor probabilidad de desvinculación antes de cumplir un año de antigüedad y un efecto de “amarre” para trabajadores que permanecen en sus empleos debido al monto acumulado por indemnización.
La iniciativa aún no ha sido presentada formalmente al Congreso y forma parte de una serie de reformas laborales que el Ejecutivo analiza para los próximos meses.
