Con el objetivo de evaluar el funcionamiento de los recintos de administración penal juvenil de Tarapacá, una comisión técnica realizó visitas de supervisión al Centro de Internación Provisoria y de Régimen Cerrado (IP-IRC) y al Centro de Libertad Asistida Especial con Internación Parcial (LAE-IP), ambos ubicados en la comuna de Iquique.
La actividad fue convocada por el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Tarapacá, Claudio Chamorro Olguín, y contó con la participación de profesionales encargados de calificar la gestión de los centros dependientes del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
Durante los recorridos, los integrantes de la comisión verificaron tanto las condiciones de seguridad de los recintos como el desarrollo de los programas orientados a la reinserción social de los adolescentes.
Entre los aspectos evaluados estuvieron los perímetros de seguridad, el trabajo realizado por Gendarmería de Chile, así como los espacios educativos, talleres formativos y programas de apoyo terapéutico destinados a los jóvenes.
El seremi Claudio Chamorro destacó que el desafío consiste en compatibilizar el control y la seguridad con las oportunidades de reinserción. “Nuestra misión como Gobierno es doble: asegurar que estos recintos operen bajo estrictos estándares de control y orden, pero también generar las condiciones para que los procesos de reinserción social funcionen de manera efectiva”, señaló.
La comisión sostuvo reuniones y entrevistas con profesionales, educadores y equipos técnicos encargados del funcionamiento de los centros.
Asimismo, se realizaron espacios de diálogo con adolescentes que cumplen sanciones bajo ambas modalidades, con el objetivo de conocer sus inquietudes y evaluar el avance de sus procesos de intervención.
Desde la Seremi indicaron que estas instancias permiten obtener información directa sobre el funcionamiento cotidiano de los programas y detectar oportunidades de mejora.
Los antecedentes recopilados durante las visitas serán utilizados para elaborar la evaluación formal de los recintos.
El proceso permitirá formular recomendaciones orientadas a fortalecer aspectos logísticos, operativos y metodológicos, manteniendo como eje central la seguridad, la protección de derechos y la reinserción social de los jóvenes.
