La Comisión Revisora de la Cámara de Diputados rechazó este lunes la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por lo que la iniciativa llegará a la Sala con un informe desfavorable para su aprobación.
La decisión fue adoptada por tres votos en contra, una abstención y un voto favorable. Rechazaron el libelo los diputados Carlos Bianchi, Alejandro Bernales y Marcela Hernando; la diputada Joanna Pérez se abstuvo y el diputado Luis Sánchez votó a favor.
Durante el debate, el diputado Alejandro Bernales sostuvo que los expertos que comparecieron ante la comisión coincidieron en que toda proyección económica incorpora márgenes de incertidumbre. Por ello, estimó que impulsar una acusación constitucional por esta materia constituye un “precedente peligroso”, agregando que no se acreditó manipulación intencional de cifras ni dolo en la actuación del exministro.
Por su parte, el diputado Carlos Bianchi afirmó que no quedó demostrada ninguna inconsistencia en los datos cuestionados y recordó que existe una investigación en curso de la Dirección de Presupuestos. Además, citó las conclusiones del Consejo Fiscal Autónomo, señalando que “no existe ningún mérito jurídico para poder acoger esta acusación constitucional”.
En la misma línea, la diputada y presidenta de la instancia, Marcela Hernando, sostuvo que el libelo no identifica hechos específicos ni responsabilidades directas atribuibles al exsecretario de Estado. “Las acusaciones son genéricas”, afirmó, cuestionando además que se pretenda establecer responsabilidad política por proyecciones que posteriormente variaron debido a factores que no eran previsibles al momento de realizar las estimaciones.
La abstención de la diputada Joanna Pérez estuvo marcada por cuestionamientos a la gestión fiscal del gobierno anterior, aunque estimó que una acusación constitucional requiere estándares más altos para justificar una sanción de esa magnitud. Asimismo, valoró las conclusiones entregadas por el Consejo Fiscal Autónomo y señaló que prefería que la decisión final quedara en manos de la Sala.
En contraste, el diputado Luis Sánchez defendió la procedencia de la acusación, argumentando que existieron antecedentes disponibles que no habrían sido considerados en las proyecciones fiscales. A su juicio, el Congreso recibió información que no reflejaba completamente la realidad financiera de ese momento.
La acusación surgió luego de las declaraciones del actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien cuestionó las proyecciones de deuda elaboradas durante la administración anterior y advirtió una diferencia cercana a los 10 mil millones de dólares.
Sin embargo, el reciente informe del Consejo Fiscal Autónomo concluyó que no existió una inconsistencia aritmética en las proyecciones contenidas en el Informe de Finanzas Públicas, aunque observó que algunos supuestos utilizados no fueron explicitados adecuadamente.
La votación definitiva se realizará este martes 24 de junio en la Sala de la Cámara de Diputados.
