La Contraloría General de la República emitió este martes su Informe Final N.º 541-2025, donde detectó una serie de irregularidades, deficiencias de control y falta de coordinación institucional en el Programa de Reunificación Familiar que permitió el ingreso de niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile durante 2025.
La auditoría fue realizada tras denuncias relacionadas con posibles vulneraciones de derechos de menores que ingresaron al país a través de vuelos chárter bajo la categoría de reunificación familiar.
Entre los principales hallazgos, el organismo fiscalizador detectó incumplimientos a la normativa vigente en la tramitación de permisos migratorios, incluyendo certificados vencidos o sin legalización, ausencia de documentación obligatoria y la aplicación de criterios flexibilizados mediante un memorándum interno que redujo requisitos establecidos por la ley y el reglamento.
Asimismo, la Contraloría identificó irregularidades en los controles migratorios asociados a vuelos chárter. Según el informe, una aerolínea no presentó el listado de pasajeros exigido por la normativa sin recibir oportunamente las sanciones correspondientes por parte del Servicio Nacional de Migraciones.
A ello se suman falencias en la verificación de los adultos responsables de los menores y diversas inconsistencias en la información disponible, lo que, según el ente fiscalizador, impidió garantizar un control adecuado del ingreso al país.
El informe también establece que existieron importantes deficiencias en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez.
En el caso del Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría detectó falta de verificación de antecedentes proporcionados por los solicitantes, ausencia de protocolos para situaciones críticas, como el fallecimiento del familiar que origina la reunificación, y aprobaciones de permisos sin contar oportunamente con informes policiales u otros antecedentes esenciales.
Además, se identificaron registros incompletos, errores de información y antecedentes duplicados en los sistemas institucionales.
Respecto de la PDI, el organismo observó la inexistencia de manuales generales y completos para el control migratorio, la utilización de instructivos parciales y errores en los registros de ingreso de extranjeros, incluyendo digitaciones incorrectas de números de pasaporte y discrepancias respecto de los datos administrados por Migraciones.
También se cuestionaron debilidades en las labores de fiscalización de extranjeros en situación irregular.
Uno de los aspectos más relevantes del informe apunta a la escasa coordinación entre las instituciones encargadas de resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La Contraloría concluyó que no existían protocolos comunes, mecanismos adecuados de intercambio de información ni respuestas oportunas frente a situaciones de riesgo, lo que dificultó el seguimiento efectivo de los menores para garantizar su protección.
Asimismo, se advirtieron falencias en los sistemas de control interno, incluyendo ausencia de segregación de funciones, procedimientos informales para la asignación de solicitudes y falta de definición clara de roles dentro de los sistemas informáticos institucionales.
A raíz de los hallazgos, la Contraloría instruyó la realización de sumarios administrativos en el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Además, ordenó implementar mecanismos de seguimiento activo de los niños, niñas y adolescentes involucrados, con participación de la Subsecretaría de la Niñez y de las Oficinas Locales de la Niñez.
El organismo también dispuso un examen de cuentas por la falta de aplicación de sanciones económicas a una aerolínea que incumplió la normativa migratoria y ordenó un procedimiento disciplinario por la filtración del preinforme reservado, cuyos antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público.
