Este jueves la Contraloría General de la República (CGR) concluyó que la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, excedió sus facultades al pedir información sobre funcionarios vinculados a la investigación del “Clan Chen” en Tarapacá, desencadenando posteriormente la salida de la ex subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña.
La ex fiscal regional estuvo liderando el Ministerio de Seguridad Pública durante 69 días hasta el cambio de gabinete realizado en mayo pasado. Su salida se dio en medio de cuestionamientos por errores de su gestión y la ausencia de un plan formal de seguridad en la administración del presidente José Antonio Kast.
De acuerdo al ente regulador, la ex secretaria de Estado emitió un oficio reservado el 13 de marzo de 2026, dos días después del cambio de mando donde asumió su cargo de ministra de Seguridad Pública.
En el documento, la exfiscal solicitó un informe respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal del “Clan Chen”, un grupo familiar de origen chino que lavó cerca de US$200 millones y que operaba en la Zona Franca de Iquique. La investigación estaba a cargo de la Fiscalía Regional de Tarapacá, antes liderada por ella misma.
En concreto, Steinert solicitó una nómina detallada con nombre completo, cédula de identidad, grado de los funcionarios trasladados o cesados en sus funciones investigativas respecto de la causa. También, pidió que se expliquen los fundamentos de los traslados y que se informe la región, unidad de destino y cargo actual en que se desempeñan los funcionarios.
La entonces ministra insistió en este tema enviando un oficio al director de la PDI, Eduardo Cerna. El documento fue respondido por la jefa de Inteligencia, Consuelo Peña, quien perdió su cargo poco después. Entre los trasladados estaba el subprefecto Mauricio Fuentes, hombre de máxima confianza de Steinert.
Tras esta situación, el diputado Raúl Leiva (PS) presentó un requerimiento ante la CGR para que el organismo fiscalizador evalúe la legalidad de las acciones de la ministra de Seguridad Pública.
Así en este jornada, la Contraloría determinó que la petición de antecedentes de funcionarios policiales excedió la facultad general de requerir informes en cuanto dichos documentos deben ser necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones.
La CGR cuestionó el objetivo de requerimiento de Steinert, señalando que tales peticiones deben estar destinadas “a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad” que define el ministerio que lideró la exautoridad.
Según la institución, Steinert excedió sus facultades, faltando al deber de abstención en cuanto al oficio reservado enviado a la PDI.
La entidad fiscalizadora también concluyó que la actuación de la exministra “no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.
Salida de Peña y disolución de unidad del Ministerio de Seguridad
El dictamen también abordó la desvinculación de la entonces prefecta Consuelo Peña, estableciendo que su retiro absoluto fue dispuesto mediante el decreto supremo N° 53 de 2026, del Ministerio de Seguridad Pública, a contar del 20 de marzo. En este sentido, la entidad fiscalizadora señaló que dicho acto fue cursado el 10 de abril de 2026 por ajustarse a derecho.
Por otro lado, la CGR revisó la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública y estableció que una eventual supresión de esa unidad, o un cambio en su dependencia directa, requeriría una norma de rango legal.
No obstante, aclaró que el Ministerio de Seguridad Pública informó que no se dictó ningún acto administrativo para disolverla y que la unidad se mantiene dentro de la estructura orgánica de la cartera.
