El exdiputado y abogado Matías Ramírez (PC), junto al concejal de Iquique, Rodrigo Oliva, y la presidenta de la Junta de Vecinos Gómez Carreño, Alejandra Gallardo, presentaron una denuncia ante la Contraloría Regional de Tarapacá con el fin de esclarecer eventuales responsabilidades administrativas por la decisión del Gobierno de retirar el financiamiento comprometido para la reconstrucción del Jardín Infantil Lobito Marino de Iquique.
El establecimiento permanece cerrado desde 2019, luego de que durante el segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera se resolviera su cierre con el compromiso de ejecutar una reposición total del recinto.
A siete años de esa decisión, el jardín permanece completamente abandonado, convertido en un foco de inseguridad, ocupación irregular y deterioro para las familias del sector, afectando directamente a más de 280 niños y niñas que dependen de este espacio educativo.
El exparlamentario sostuvo que la denuncia busca establecer responsabilidades claras frente a una situación que, a su juicio, refleja abandono institucional y falta de voluntad política.
“No es aceptable que un proyecto tan importante para la primera infancia siga paralizado y que ahora se le quite financiamiento. Aquí hay derechos vulnerados y una comunidad que lleva años esperando respuestas”, señaló.
Por su parte, Oliva advirtió que el estado actual del recinto ha generado una grave afectación en la seguridad del barrio, transformándose en un punto crítico para los vecinos.
“Lo que debía ser un espacio de protección y aprendizaje para nuestros niños hoy es un lugar de abandono, con ocupaciones y situaciones que preocupan profundamente a la comunidad”, afirmó.
La dirigenta vecinal Alejandra Gallardo respaldó la acción presentada, señalando que la comunidad no puede seguir esperando mientras el deterioro avanza.
“Este jardín es urgente para nuestras familias. No vamos a aceptar que se siga postergando una necesidad tan básica y tan importante para nuestros niños y niñas”, sostuvo.
La denuncia busca que la entidad fiscalizadora determine si existieron omisiones o decisiones injustificadas en la paralización del proyecto, pero también vuelve a instalar el debate sobre las prioridades de Gobierno del presidente José Antonio Kast en materia de educación inicial y desarrollo comunitario.
Sus impulsores aseguraron que seguirán luchando por una Tarapacá más justa, con derechos garantizados para todos y todas, y advirtieron que no permitirán retrocesos en conquistas fundamentales para las familias y la infancia.
