La Fiscalía de Santa Cruz determinó iniciar un proceso de investigación en contra del expresidente, Evo Morales, y otros dos dirigentes por el delito de terrorismo y alzamiento armado, debido a los bloqueos que alentaron entre mayo y junio al país altiplánico.
La fiscal Karin Lijerón informó al juez de la causa sobre la apertura del proceso, con calificación provisional por los tipos penales de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte y asociación delictuosa.
La denuncia fue presentada el miércoles por parte del presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, quien manifestó que debe haber responsables del daño económico y muertes registradas en el contexto de los bloqueos.
Además de Morales, la acción legal está dirigida contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y el máximo dirigente de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar.
Con la admisión de la denuncia, la Fiscalía inicia las investigaciones y determinará si corresponde una imputación en contra de los sindicados.
Por su parte, el expresidente Morales rechazó la denuncia penal y negó haber avalado los bloqueos que ocasionaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y también dejó al menos 16 fallecidos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.
