- El gremio cuestionó que Cristian Cabezas Mundaca retomara funciones sin sanciones informadas, pocos días después de que ANEF y la Delegación Presidencial Regional firmaran una comisión para abordar denuncias de maltrato laboral en servicios públicos de Tarapacá.
La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se declaró en estado de alerta tras el retorno a sus funciones del seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, Cristian Cabezas Mundaca, quien enfrenta denuncias formales por presunto maltrato y acoso laboral, además de cuestionamientos por eventual mal uso de recursos públicos.
El regreso de la autoridad regional se produjo este lunes, sin que hasta ahora se hayan informado sanciones administrativas, suspensión preventiva del cargo o medidas disciplinarias asociadas a las investigaciones en curso. La situación generó rechazo en la organización gremial, que solicitó a la Subsecretaría del Trabajo y a la Contraloría General de la República adoptar medidas precautorias, incluida la suspensión temporal del ejercicio del cargo mientras se desarrollan las indagatorias.
Mesa de Buen trato
El caso adquiere mayor tensión política y laboral porque ocurre pocos días después de que la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá y la ANEF constituyeran la Comisión Regional del Buen Trato y Promoción de las Buenas Relaciones Laborales, instancia creada precisamente para dar seguimiento a denuncias de maltrato laboral planteadas por funcionarios de servicios públicos regionales.
Dicha comisión fue constituida el 1 de julio en Iquique, en una ceremonia encabezada por la delegada presidencial regional, Adriana Tapia Cifuentes, y el entonces seremi subrogante del Trabajo y Previsión Social, Jaime Rojas Vásquez. En la firma también participaron el presidente nacional de ANEF, José Pérez Debelli, y el presidente regional de la asociación en Tarapacá, Patricio Llerena Chamberlain, junto a dirigentes nacionales y regionales del gremio.
Tras la firma del acuerdo constitutivo, la instancia realizó su primera sesión de trabajo, donde se revisaron casos planteados por asociaciones de funcionarios de distintos servicios. La comisión definió además la realización de sesiones periódicas para hacer seguimiento a los acuerdos adoptados y evaluar el estado de las situaciones expuestas por los gremios.
Retorno de Cabezas
En ese contexto, la ANEF calificó como una decisión grave el retorno de Cabezas a la Seremi del Trabajo, señalando que una autoridad denunciada por presunto maltrato, acoso laboral y eventual uso indebido de recursos públicos no debiera retomar funciones sin garantías efectivas para las personas denunciantes y para el resto del equipo institucional.
En su comunicado, la organización sostuvo que, si bien debe respetarse el debido proceso, el Gobierno tiene la obligación de otorgar garantías y adoptar medidas de resguardo mientras se desarrolla la investigación, especialmente respecto de las funcionarias denunciantes.
El gremio también afirmó que el regreso de la autoridad regional “agrede seriamente el espíritu y propósito” de la Ley Nº21.643, conocida como Ley Karin, al considerar que el Estado debe entregar señales claras frente a denuncias por acoso laboral y violencia en el trabajo. A ello sumó la denuncia relacionada con la utilización de recursos públicos para fines personales.
La controversia se arrastra desde las últimas semanas, cuando medios regionales informaron sobre dos denuncias por maltrato y acoso laboral contra el seremi del Trabajo, presentadas por funcionarias vinculadas a la propia repartición y a un mal clima laboral incluso en los servicios asociados generado por el seremi del Trabajo Cristian Cabezas.
Libro de Cristian Cabezas
Posteriormente, también se conoció una denuncia ante Contraloría por actividades de carácter religioso desarrolladas en dependencias institucionales y por el eventual uso de recursos públicos asociados a esos encuentros, además de la promoción de un libro de autoría de Cabezas titulado Jesús y Educación mediante las redes sociales de la seremi del Trabajo, en actividades protocolares y en dependencias de la propia institución, pidiendo que se investiguen presuntas faltas a la probidad administrativa.
Para la ANEF, la reincorporación de la autoridad puede generar un impacto directo en el ambiente laboral de la Seremi, afectar el bienestar e integridad psíquica de las funcionarias denunciantes y significar una eventual revictimización. Por ello, la organización no descartó la adopción de acciones gremiales si no se garantiza la protección efectiva de trabajadoras y trabajadores, el respeto a la Ley Karin y el cumplimiento de los principios de probidad, dignidad y buen trato en el servicio público.
