La Cámara Automotor de Bolivia (CAB) advirtió que una eventual nacionalización de vehículos indocumentados o autos “chutos” podría provocar un fuerte impacto sobre el sector formal, poniendo en riesgo más de 8.000 empleos directos y miles de fuentes laborales indirectas vinculadas a la actividad.
El gerente de la entidad, Luis Encinas, señaló que detrás de cada puesto de trabajo existe una familia que depende del rubro automotor, por lo que consideró que una nueva regularización de vehículos “chutos” tendría consecuencias económicas y sociales para empresas, concesionarias, importadores y trabajadores.
“El sector automotriz tiene alrededor de 8.000 fuentes de trabajo directas. Además, por cada empleo directo se generan varias fuentes de trabajo indirectas. Detrás de cada una de ellas hay familias. El daño que va a causar una nacionalización será tremendo”, afirmó.
Encinas sostuvo que, si finalmente la iniciativa avanza, debería estar acompañada de una política integral que cierre definitivamente el ingreso ilegal de vehículos al país y no se limite únicamente a regularizar los que ya circulan.
A su juicio, las autoridades debieron elaborar una propuesta técnica con el apoyo de instituciones especializadas y establecer mecanismos efectivos para impedir que continúe el contrabando de motorizados.
“Esto debía venir acompañado de normas que bloqueen el ingreso de vehículos chutos, porque la puerta sigue abierta y los vehículos continúan entrando al país”, sostuvo.
El representante del sector afirmó que la falta de controles facilita el ingreso permanente de motorizados de procedencia ilegal y recordó recientes casos reportados en la frontera con Chile, donde se encontraron vehículos robados ocultos y operativos vinculados al tráfico de dinero presuntamente destinado a la compra de automóviles para su internación a Bolivia.
Asimismo, cuestionó la viabilidad de establecer una fecha límite para definir qué vehículos podrán acogerse a una eventual nacionalización.
“Se habla de regularizar solamente los vehículos que ingresaron hasta determinada fecha, pero ¿cómo se demostrará cuándo entró cada motorizado al país si no existe un registro oficial que lo certifique?”, observó.
Encinas consideró que, sin mecanismos claros de control y trazabilidad, una nueva nacionalización podría incentivar el ingreso de más vehículos indocumentados, generando un impacto negativo sobre el mercado formal y debilitando los esfuerzos para combatir el contrabando.
Cabe mencionar que el debate sobre una posible regularización de vehículos “chutos” volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas, generando posiciones encontradas entre sectores que buscan legalizar su situación y representantes de la industria automotriz, que advierten sobre los efectos que una medida de este tipo tendría sobre la actividad formal y la seguridad jurídica del mercado.
