Con 126 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la solicitud del Presidente José Antonio Kast para prorrogar por otros 90 días el despliegue de las Fuerzas Armadas en determinadas zonas fronterizas del norte del país.
La medida, vigente desde febrero de 2023 bajo el Decreto Supremo N.º 78, expira el próximo 6 de agosto de 2026, por lo que su extensión requiere la aprobación del Congreso Nacional. Tras el respaldo de la Cámara, la solicitud deberá ser analizada por el Senado.
En el oficio enviado al Congreso, el Presidente sostiene que las circunstancias de peligro grave o inminente que dieron origen a la medida aún persisten, razón por la cual solicita extender su vigencia por otros 90 días. El documento agrega que el despliegue ha fortalecido la coordinación entre las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Gobierno, permitiendo un mejor control territorial, la detección de ingresos irregulares por pasos no habilitados y el combate de delitos en las zonas fronterizas.
El Ejecutivo plantea que la prórroga permitirá mantener el resguardo de la infraestructura crítica y reforzar la vigilancia en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, además de proteger la vida e integridad física de las personas migrantes y de las comunidades que habitan en sectores fronterizos.
Durante el debate en la Sala existió un amplio respaldo a la iniciativa. Parlamentarios de distintos sectores destacaron la disminución de los ingresos irregulares y de niños, niñas y adolescentes detectados ingresando por pasos no habilitados, además de valorar la coordinación alcanzada entre las instituciones y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia.
Sin perjuicio de ello, las intervenciones coincidieron en que el país debe avanzar desde este mecanismo de prórrogas hacia una política permanente de resguardo fronterizo, con mayor inversión en infraestructura, tecnología y presencia del Estado.
Entre las propuestas formuladas estuvieron la creación de una policía fronteriza especializada, entregar mayores facultades a las Fuerzas Armadas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado, además de acelerar las obras físicas de control y la tramitación de proyectos relacionados con la seguridad fronteriza.
Las cifras del Gobierno
Como respaldo de la solicitud, el Ejecutivo acompañó al Congreso el Informe N.º 15 de la Subsecretaría de Seguridad Pública, el cual señala que entre el 5 de julio de 2025 y el 5 de julio de 2026 se detectaron 5.675 ingresos irregulares, lo que representa una disminución del 70,4% respecto de las 19.189 detecciones registradas en igual período anterior.
Asimismo, desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo N.º 78, el 25 de febrero de 2023, los ingresos clandestinos detectados disminuyeron un 20,5%, pasando de 71.242 a 56.647 casos en comparación con el período previo a la implementación de la medida. En el mismo lapso, las reconducciones materializadas aumentaron un 96,7%, mientras que las rechazadas disminuyeron un 34,3%.
El informe también indica que, desde el inicio del despliegue y hasta el 5 de julio de 2026, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI realizaron 66.716 tareas operativas, de las cuales el 72,9% correspondió a patrullajes terrestres, el 24% a puntos de control y el 3,1% a operativos.
En sus conclusiones, el Gobierno sostiene que el despliegue militar ha permitido fortalecer el control fronterizo, contener la migración irregular, optimizar la coordinación entre las instituciones del Estado y destinar mayores recursos policiales a la persecución del crimen organizado transnacional.
