Lo que debía ser el lanzamiento de la Mesa Regional por el Empleo terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de la crisis que enfrenta el seremi del Trabajo y Previsión Social de Tarapacá, Cristian Cabezas Mundaca.
La mañana de este martes, mientras autoridades regionales, representantes del sector privado, dirigentes sindicales y servicios públicos participaban en la ceremonia encabezada por la delegada presidencial regional, Adriana Tapia, una intervención inesperada interrumpió el desarrollo de la actividad.
Desde su ubicación entre los asistentes, el presidente regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Patricio Llerena, alzó la voz y denunció públicamente la permanencia de Cabezas en el cargo, cuando el propio seremi se encontraba presente en la ceremonia.
“No es posible que alguien que nos viene a hablar de empleo y de todo lo que ustedes han escuchado esté denunciado por presuntos hechos de maltrato laboral y también por una presunta utilización del cargo público, es decir, por probidad administrativa”, expresó el dirigente, generando un momento de tensión en el salón de la Mutual de Seguridad de Iquique.
Lejos de cuestionar el desarrollo de las investigaciones, Llerena sostuvo que el debido proceso debe respetarse, pero afirmó que ello no impide que el Ejecutivo adopte decisiones políticas respecto de una autoridad de exclusiva confianza del Presidente de la República.
“El debido proceso siempre tiene que ocurrir, por cierto que sí, pero las decisiones políticas son de ustedes. Dejemos a los jueces y a la Contraloría decidir lo que tengan que decidir, pero ustedes tienen que tomar decisiones políticas, porque esta persona es una autoridad de confianza política”, manifestó.
El dirigente agregó que el gremio no podía permanecer en silencio frente a “una autoridad tremendamente cuestionada en nuestra región respecto de probidad y maltrato y acoso laboral”, haciendo entrega del segundo comunicado público emitido por ANEF durante la jornada, en el que la organización exige la separación inmediata del seremi mientras se desarrollan las investigaciones.
Tras la intervención, la delegada presidencial regional, Adriana Tapia, respondió brevemente al emplazamiento.
“Existe una investigación en curso que está siendo desarrollada por la Subsecretaría del Trabajo”, señaló la autoridad, agregando que el procedimiento continúa radicado en esa cartera antes de retomar el programa de la actividad.
Una crisis que se arrastra desde junio
El episodio ocurrido este martes es el más reciente de una controversia que comenzó el pasado 10 de junio, cuando el Gobierno confirmó la existencia de dos denuncias por presunto maltrato y acoso laboral en contra de Cristian Cabezas.
Las acciones fueron presentadas por funcionarias vinculadas a la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y al Instituto de Seguridad Laboral (ISL), lo que dio origen a un sumario administrativo instruido por la Subsecretaría del Trabajo. Paralelamente, una de las denuncias continúa siendo tramitada bajo la Ley Karin.
Durante el desarrollo de esas diligencias, el seremi permaneció con licencia médica. Sin embargo, tras su reincorporación al cargo, ANEF Tarapacá cuestionó públicamente la decisión del Ejecutivo de mantener a la autoridad en funciones mientras continúan las investigaciones.
A ese escenario se sumó una nueva denuncia presentada ante la Contraloría, en la que se solicita esclarecer un eventual uso de la investidura del cargo para promocionar el libro “No me hables de felicidad”, de autoría del propio Cristian Cabezas. La presentación busca determinar si existió utilización de recursos públicos, dependencias institucionales o de la calidad de seremi para favorecer una actividad de carácter personal.
Precisamente ese antecedente fue mencionado por Llerena durante su intervención y forma parte del comunicado difundido este martes por ANEF, donde el gremio también hace referencia al presunto mal uso de recursos públicos y sostiene que la permanencia del seremi “profundiza el daño institucional” y la revictimización de las denunciantes.
Presión sobre el Gobierno
Con la intervención realizada en plena actividad oficial, el conflicto dejó de expresarse únicamente mediante comunicados y declaraciones públicas para instalarse directamente en una ceremonia encabezada por el propio Gobierno.
Mientras la Subsecretaría del Trabajo mantiene en curso las investigaciones administrativas, ANEF insiste en que corresponde al Ejecutivo adoptar una definición política sobre la continuidad de Cristian Cabezas, argumentando que su permanencia en el cargo resulta incompatible con las denuncias que enfrenta y con el mensaje que el Gobierno busca transmitir en materia de probidad y buen trato laboral.
Por ahora, la postura del Ejecutivo sigue siendo la misma: esperar el resultado de las investigaciones antes de adoptar cualquier decisión respecto del futuro de la autoridad regional.
