La Corte de Apelaciones de Iquique fijó en $35 millones la indemnización de perjuicios que el fisco deberá pagar por daño moral a María Ribera Méndez, quien permaneció siete meses en prisión preventiva, luego que la prueba de campo realizada a tres potes de queratina que había adquirido en Bolivia, dieran falso positivo a la presencia de cocaína.
En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia del Primer Juzgado de Letras de Iquique, aumentando la indemnización inicial de $10 millones a $35.000.000 en proporción al daño acreditado.
La resolución estableció que los antecedentes expuestos fueron insuficientes para probar el daño emergente y el lucro cesante de la mujer imputada por el Ministerio Público por el delito de tráfico ilícito de drogas.
En primer lugar, se determinó que las pruebas presentadas por la mujer, como contratos y liquidaciones, no pudieron acreditar que la afectada tenía un trabajo remunerado al momento de su detención.
Asimismo, un informe del Departamento de Migraciones y la Policía Internacional evidenció que en el historial migratorio de la mujer se registraban salidas y entradas a Chile y Bolivia en diversas fechas, respaldando que no tenía un trabajo remunerado.
Pese a lo anterior, la corte compartió el criterio sobre el daño moral, estableciendo que corresponde aumentar la indemnización debido a “la relevancia y consecuencia que para cualquier persona significa una imputación penal carente de fundamento fáctico y jurídico”.
“Resta el daño moral, y sobre él se dirá, nuevamente que la Corte comparte el criterio de la sentenciadora expresado en sus considerandos noveno a décimo octavo, pero, justamente por lo señalado, corresponde aumentar la indemnización por daño moral atendiendo a la relevancia y consecuencia que para cualquier persona significa una imputación penal carente de fundamento fáctico y jurídico, razón por la que se incrementará el daño moral en la suma que se dirá en lo resolutivo del fallo”, se detalla en el falo.
Por tanto, el tribunal de alzada decidió confirmar la sentencia apelada del 12 de marzo de 2026 y elevó la indemnización por daño moral que el Fisco de Chile debe pagar a la afectada a $35 millones.
