El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abordó el caso de Bernarda Rosalba Vera Contardo, luego de que un examen de ADN confirmara que la mujer encontrada en Argentina corresponde a la persona que figuraba en el listado oficial de detenidos desaparecidos de la dictadura.
La identificación fue realizada por el Servicio Médico Legal, que obtuvo una coincidencia genética superior al 99,9999% al comparar su perfil de ADN con muestras de sus familiares.
Tras conocerse estos antecedentes, la Subsecretaría de Derechos Humanos inició un sumario administrativo y remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para determinar eventuales responsabilidades.
En entrevista con Radio Infinita, Rabat afirmó que la Subsecretaría conocía la situación desde marzo de 2024, pero que el ministro en visita extraordinaria, Álvaro Mesa, fue informado recién en junio de 2025.
“Hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derechos Humanos y no se reaccionó prontamente”, sostuvo el ministro, calificando la situación como grave.
Respecto de las pensiones entregadas a familiares de Bernarda Vera, Rabat explicó que el Estado tiene derecho a solicitar la restitución de todo pago efectuado sin una causa legal que lo justifique, independiente de si quienes lo recibieron actuaron de buena o mala fe.
La autoridad precisó que no corresponde calificar la actuación de los beneficiarios, pero indicó que, de acuerdo con los antecedentes conocidos, existen dudas razonables respecto de que la mujer hubiera permanecido desaparecida, por lo que esos pagos podrían carecer de fundamento.
Además, el ministro reveló que existen al menos nueve casos de características similares, cifra que aumenta a 12 si se consideran situaciones de duplicidad en los registros.
Frente a este escenario, anunció que el Plan Nacional de Búsqueda será fortalecido para reforzar la revisión de los listados y reducir la posibilidad de errores en los registros oficiales.
